Los ayuntamientos de Caravia y Ribadesella y la federación de cofradías de pescadores, contrarios al proyecto de mejillonera programado en la costa caraviense, reclaman al Principado que exija "un estudio medioambiental riguroso y bien hecho" a la empresa promotora. Las alcaldesas de Caravia y Ribadesella, Salomé Samartino y Charo Fernández Román; el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, Dimas García, y varios pescadores y armadores riosellanos se reunieron ayer en la rula de Ribadesella y tras el encuentro acordaron solicitar una reunión conjunta con el presidente del Principado, Javier Fernández.

Samartino explica que a los ayuntamientos se les exigen estudios "en profundidad" para cualquier obra que quieren llevar a cabo, y por eso entiende que, en este caso, debería pedirse "mucho más" a la empresa Mar Abierto, que es la promotora del proyecto de instalar una planta de cría de mejillón frente a las costas caravienses, entre la playa de La Espasa y el Arenal de Morís.

Además, la regidora lamenta que ningún representante de la empresa fue a verla para explicarle el proyecto y que incluso se enteró del asunto "por la prensa". Comenta que el proyecto le llegó "quince días más tarde desde la Dirección General de Pesca". Su mayor preocupación, dice, es "proteger el mayor motor económico de Caravia, que es el turismo", por lo que le preocupa quién asumiría las consecuencias económicas en el caso de que un posible accidente afectara a los arenales, así como su limpieza. Además, Samartino recuerda que tras el pleno del 29 de diciembre de 2016, todos los grupos políticos del concejo hicieron una alegación conjunta, que aún sigue sin contestación.

Por su parte, Fernández Román sostiene que "si es bueno y va a beneficiar a la Cofradía de Lastres, no es de recibo que lo quieran poner en el municipio de al lado", en alusión a la participación del 25% que la cofradía de pescadores llastrina tiene en la sociedad promotora de la mejillonera,. Además, también le preocupa el efecto llamada que pueda traer consigo esta mejillonera. "Ya no son solo las 36 hectáreas, más la zona de seguridad, que se quieren privatizar, es que luego llegarán más empresas a otros puntos de la costa", dice la regidora.

Y, al igual que Samartino, también tiene preocupación por cómo va a afectar al turismo de Ribadesella porque, si bien no se quiere colocar frente a sus costas, en caso de accidente los arenales riosellanos podrían resultar afectados, "sobre todo la playa de Vega". "Vamos a hacer todo lo posible para pararlo", asegura. Además, Fernández Román adelanta que va a llevar el asunto de la mejillonera al pleno del Ayuntamiento del próximo día 31 para presentar alegaciones.

En cuanto a los pescadores, Dimas García sostiene que están "todos unidos" contra el proyecto de la mejillonera y lamenta que el consejero de Medio Ambiente, Fernando Lastra, no le haya contestado a la reunión que le pidió, por lo que ayer le volvió a escribir. García se pronuncia en la misma línea que las alcaldesas y dice que ellos solo piden que se haga "un estudio medioambiental bien hecho", aunque, eso sí, una vez hecho no garantizan que vayan a cambiar su opinión respecto al proyecto porque "el mejillón cambiaría el entorno" y, según él, "dañaría al percebe".

En cuanto a los pescadores riosellanos, el patrón mayor, Manuel Buenaga, sostiene que en el lugar en el que se quiere instalar la planta "faenan pescadores de muchas zonas de Asturias" y cree que esto podría conducir a que dentro de unos años "se privatice toda la mar".