"No tiramos la toalla con la mejillonera porque es un proyecto en el que creemos". Así de seguro se muestra Manuel Serrano, administrador de la sociedad "Mar Abierto", ante la decisión del Principado de que antes de dar autorización para la construcción de la planta frente a las costas caravienses, deben llevar a cabo un estudio de impacto ambiental, como habían pedido en varias ocasiones los ayuntamientos de Caravia y Ribadesella y la Federación de Cofradías de Pescadores. En cualquier caso, los pescadores de Lastres, involucrados en el proyecto, confiesan que llevan desde el verano estudiando varias alternativas en caso de que no prospere esta ubicación, entre ellas la de instalar la mejillonera en la vecina comunidad de Cantabria.
Serrano asegura que solo pide la oportunidad de reunirse con la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias para explicarles el proyecto, ya que entiende que el recelo que hay hacia la mejillonera es "irracional" y mantiene que va a ser "beneficioso para ellos" porque "no haría nada que les perjudique". De hecho, sostiene que "los únicos que pueden parar esto son los pescadores" si, una vez explicado el proyecto, siguen sin estar de acuerdo y entienden que no les va a beneficiar, aunque opina que ese no va a ser el caso.
En este sentido, Pedro Santos, el secretario de la Cofradía de Pescadores de Lastres, entidad que tiene un 25% de participación en la sociedad promotora de la planta, cuenta que ya llevan estudiando posibles soluciones desde verano, como el extremo de trasladar la mejillonera a Cantabria. Pase lo que pase, la Cofradía de Lastres quiere seguir ligada al proyecto porque "apuesta por él".
Eso sí, a pesar de que de momento siguen adelante con la mejillonera, Serrano se muestra receloso y teme que solo les estén "mareando". "Es un estudio costosísimo e imposible de realizar y corremos el riesgo de que aun realizándolo luego tampoco nos dejen llevar a cabo el proyecto", lamenta Serrano, quien opina que con su actitud el Principado "está diciendo que no quiere el proyecto".
Además, en su opinión la ley no contempla que deban realizar semejante estudio por la naturaleza de la planta de cría de mejillón y comenta que no les dieron "ninguna razón convincente" para pedírselo. A pesar de eso, descarta que la sociedad vaya a ir a los tribunales porque prefieren una "solución política" aunque, eso sí, están disgustados de que se les "nieguen derechos".
En cuanto a esto, el administrador de la sociedad "Mar Abierto" opina que el Principado debería llevar a cabo una ley de acuicultura para regular todas estas cuestiones. Pedro Santos es de la misma opinión, pero cree que en Asturias "no hay voluntad política de echar a andar la acuicultura", al menos "con el gobierno actual".
La decisión del Principado sobre el informe de impacto ambiental ha pillado por sorpresa a los promotores de la mejillonera, ya que hace menos de un mes el consejero de Medio Ambiente, Fernando Lastra, se había comprometido a exigirles únicamente aquello que pedía la ley y ellos sostienen que este estudio no está incluido.
