Condenado. El Ayuntamiento de Ponga tiene que pagar más des 90.000 euros a una empresa que ejecutó obras sin contrato durante las etapas de los foristas Cándido Vega y Mercedes Traviesa como alcaldes. La sentencia, emitida por un juzgado de Oviedo, es firme. El juez Miguel Ángel Carbajo Domingo ha dado la razón punto por punto a la empresa Contratas y Excavaciones Fontexina S. L., que reclamaba el pago de 81.106 euros por diez obras ejecutadas en anteriores mandatos y que el actual gobierno municipal, que encabeza la socialista Marta Alonso, se negó a pagar alegando que no tenía constancia ni de su contratación ni de su ejecución. A esa cantidad hay que añadir 2.000 euros por los costes de cobro, los intereses de demora correspondientes y las costas. Esta condena podría suponer la puntilla para un ayuntamiento en situación de quiebra técnica.
La condena llega después de que el actual equipo de gobierno se negara a negociar reiteradamente con la empresa el pago de la deuda (los responsables de Fontexina llegaron a ofrecer, incluso pagos aplazados). Y también después de que el juez señalara la posibilidad de un acuerdo entre las partes, lo que hubiera evitado la condena en costas, el pago de los costes de cobro e incluso el abono de los intereses o de buena parte de ellos.
El juez Carbajo Domingo ha concluido que, pese a la inexistencia de contrato y de expediente administrativo, las obras se ejecutaron, y que para evitar el "enriquecimiento injusto" del Ayuntamiento y el "empobrecimiento" de la empresa el organismo municipal debe "pechar con las consecuencias del beneficio obtenido". El magistrado ha tenido en cuenta que el Ayuntamiento no puso objeción ni reparo a las facturas presentadas, y se limitó a desestimarlas por silencio administrativo, lo que desembocó en la impugnación de la empresa ante los tribunales.
Carbajo Domingo resalta que, vistas las declaraciones de testigos como los dos anteriores alcaldes y un empleado municipal, se ha encontrado con "una cuestión que pocas veces se ha presentado ante este juzgador con tanta nitidez", pues resulta acreditado que Fontexina recibió el encargo de ejecutar las obras, que estas fueron "correctamente ejecutadas" y que no se han acreditado los supuestos desperfectos señalados por el Ayuntamiento. Así pues, las facturas "deben ser abonadas", concluye.
El juez resalta que la "omisión de las formalidades necesarias para la contratación administrativa," como ocurrió en este caso, "no significa que la Administración no tenga que abonar las obras". Y dado que no hubo expediente de contratación, echa mano para emitir su veredicto de diversa jurisprudencia y doctrina, que señala la obligación de evitar "desequilibrios" y "enriquecimientos injustos".
De hecho, Carbajo Domingo destaca que debe aplicarse "el principio general del enriquecimiento injusto", por lo que condena al Ayuntamiento a pagar los 81.106 euros adeudados, más 2.000 en concepto de costes de cobro, más los intereses de demora correspondientes, más las costas del juicio, con un límite máximo de 3.000 euros.
Las facturas habían sido presentadas y registradas el 29 de julio de 2015, aunque algunas de las obras se ejecutaron en ejercicios anteriores. El silencio del Ayuntamiento llevó a la empresa a reclamar los pagos el 12 de enero de 2016 y el 29 de julio de ese mismo año. No recibió contestación alguna.
La empresa alegó que cumplió "debidamente" los encargos y que el Ayuntamiento nunca discutió la realidad y la existencia de la deuda. El Ayuntamiento, por su lado, intentó demostrar que la dramática situación de las arcas municipales hacían inviable el pago de las facturas. Pero el juez consideró que este extremo no quedó acreditado.
Cándido Vega y Mercedes Traviesa reconocieron ante el juez que las obras sí se ejecutaron, y que no se abonaron en su momento las facturas por falta de liquidez en la tesorería municipal. La mayor factura, de 22.085 euros, se corresponde con el arreglo del puente La Sota. Más de 19.000 euros costó el arreglo del puente El Molín-Río Semeldón. Casi 16.000 euros supuso la traída de aguas de Tribiertu a Sellañu y Pilanegru, mientras que el arreglo de caminos en la Ruta de la Maera, de Sellañu a Semeldón costó 4.755 euros. Obras ejecutadas en Arenal y Vallesotu implicaron un gasto de 5.082 euros. Y aún hay que añadir otras cinco facturas correspondientes a obras menores, con importes que van desde los 4.931 a los 338 euros.
El actual equipo de gobierno ya había advertido en un pleno municipal celebrado en noviembre que no pagaría las facturas hasta que lo ordenaran los tribunales de justicia. Ahora lo han hecho. Foro pidió entonces abonar los recibos para evitar más gastos innecesarios.
