El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponga (en manos de PSOE-PP) tenía casi listo el proyecto de presupuestos para el año 2018, el primero en los últimos nueve años, pero no podrán ser aprobados. El motivo: el consistorio pongueto debe hacer frente, por orden judicial, a pagos a proveedores de obras ejecutadas en anteriores mandatos. El último ascendería a 81.106 euros, más costes de cobro, intereses y costas por facturas sin contrato de la etapa forista. La actual regidora, la socialista Marta Alonso, se negó en su momento a abonar los trabajos alegando que no tenía constancia ni de su contratación ni de su ejecución, informa C. C.