La parroquia rural de Sobrefoz y el Ayuntamiento de Ponga dirimirán en los tribunales de justicia sus diferencias en torno la "guerra" del canon cinegético. Será el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Oviedo el que determine si el Consistorio debe o no abonar los 63.000 euros que la entidad local menor reclama por el impago desde hace tres años del canon cinegético (su aportación de terrenos de caza al parque natural que ocupa todo el concejo). El recurso de Sobrefoz ya ha sido admitido a trámite, y el Juzgado ha requerido al Ayuntamiento para que en el "plazo improrrogable de veinte días" remita el expediente administrativo referente al asunto en litigio. También concede nueve días para que todos aquellos interesados puedan personarse como demandados.
La parroquia rural de Sobrefoz ya había anunciado hace meses que llevaría a los tribunales al Ayuntamiento de Ponga para reclamar el pago del canon cinegético, que no cobra desde el año 2015, según explicó en su día el alcalde-presidente de la entidad menor, Amador Sánchez. Lo hizo tras considerar "rotos" todos los canales de diálogo con los dirigentes municipales.
El Consistorio ha esgrimido hasta ahora en su defensa que la legislación vigente (Ley de Presupuestos de 2013) exige que ese dinero se entregue únicamente para obras de mejora de infraestructuras y que su finalidad se realice y se justifique por adelantado. Pero los vecinos de Sobrefoz, por su lado, defienden que difícilmente se pueden acometer trabajos si llevan sin percibir un euro desde hace tres años.
En total, la parroquia rural cifra en 62.920 euros el dinero que el Consistorio adeuda, al aportar Sobrefoz un 19,22 por ciento de los terrenos de caza que se incorporaron al parque natural de Ponga ; o lo que es lo mismo, unas 4.000 hectáreas.
Los vecinos de Sobrefoz aseguran que venían cobrando puntualmente el canon cada año de forma ininterrumpida desde hace más de dos décadas, independientemente del partido que estuviera al frente del gobierno municipal, y que los ingresos se paralizaron con la llegada de la socialista Marta Alonso a la Alcaldía, que gobierna en coalición con el PP desde el año 2015, lo que permitió apartar de la Alcaldía a Foro, que fue el partido más votado en aquellos comicios.
Además del recurso contencioso administrativo que presentado contra el Ayuntamiento, la parroquia rural no descarta denunciar por la vía penal a algún miembro de la Corporación. Según las autoridades municipales, la parroquia rural rechazó el año pasado suscribir un convenio con el Ayuntamiento, por el que se establecía que este financiaría las obras requeridas por los vecinos, siempre que previamente se elaboraran los proyectos que las justificaran. Los dirigentes municipales sostienen que los de la parroquia rural han convertido el conflicto en una "cuestión política", en una velada acusación acerca de su cercanía al único grupo de la oposición municipal, que gobernó el concejo anteriormente, entre 2011 y 2015.
