Políticos y funcionarios se pasaron ayer la pelota de la responsabilidad en el juicio penal del "caso Kaype", un conflicto urbanístico que ha concluido con la demolición de la ampliación del hotel de la playa de Barru, en Llanes, tras la anulación en los tribunales de las licencias municipales que posibilitaron la ejecución del proyecto, y con una reclamación de 18 millones de euros por parte de la propiedad al Ayuntamiento. Un conflicto que, además, ha llevado al banquillo al exarquitecto municipal llanisco, A. R. N., ya jubilado, a quien la Fiscalía del Principado de Asturias considera presunto autor de un delito de prevaricación urbanística, por el que solicita dos años y medio de prisión, diez de inhabilitación y multa de 13.500 euros.

Tanto la exalcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo, hoy diputada autonómica, como el exconcejal de Urbanismo y actual portavoz municipal socialista, José Manuel Herrero, que declararon ayer como testigos en el Juzgado de lo Penal Numero 2 de Oviedo, resaltaron sus escasos conocimientos en materia de urbanismo -practicamente nulos en el caso del segundo, según admitió-, y señalaron que la concesión de licencias se realizó "siempre" con informes favorables de los servicios técnicos y jurídicos municipales.

Por su parte, los funcionarios, en este caso el secretario del Ayuntamiento, Santiago Fernández Molpeceres, que también declaró como testigo, resaltó que los informes de los empleados municipales no vinculan a la licencia, pues son "meros actos de trámite de carácter provisional", y que son los políticos los únicos con competencias para suscribir actos sustantivos y los que conceden los certificados urbanísticos.

Insistía así en una idea ya transmitida el viernes en el juicio por el acusado, en el sentido de que los informes de los empleados municipales -los suyos en este caso- son simples opiniones particulares, que los órganos políticos pueden o no acatar, sin condicionante alguno. Coincidieron estos tres testigos al desligar absolutamente la tramitación de la ampliación del hotel Kaype del cobro de 20.000 euros en concepto de productividad por parte de A. R. N. Señalaron que ese dinero se correspondió con el trabajo realizado por el acusado, fuera del horario laboral, por las tardes, e incluso en domingos y festivos, para la redacción de un plan general de ordenación para Llanes. Una tarea que le llevó 23 meses, hasta su jubilación.

Álvarez Campillo defendió el trabajo de los técnicos municipales, incluido A. R. N., aunque sí admitió que se sorprendió cuando supo -tras una sentencia judicial- que se había exigido licencia para agrupar las tres fincas del Kaype, pues "no era necesaria". Lo achacó, "al exceso de celo" de A. R. N. Resaltó la importancia que para el concejo tenía el proyecto del Kaype, en una época en la que la caída del número de licencias urbanísticas llegó a complicar, incluso, "el mantenimiento de los servicios públicos". Admitió que lanzó un mensaje a los técnicos: "ojo con esta licencia", porque "va a haber follón", pues "todas las solicitadas por esa propiedad acababan en el Juzgado. Y no me equivoqué". Habló de hecho de persecución: "ya nos estaban amenazando antes de conceder la licencia", en alusión a algunos grupos vecinales. Resaltó que no hubo trato de favor a los dueños del Kaype, pues "también se les denegaron varias licencias".

Herrero declaró que no tiene capacidad para interpretar informes técnicos y que se limitaba a conceder las licencias informadas favorablemente por los técnicos, sin ni siquiera leerlas. Resaltó que la ampliación del hotel Kaype era un "buen proyecto para Llanes", en un momento en el que la "crisis afectaba muy duramente" al sector de la costrucción, e incluso al turístico. Destacó que el proyecto del Kaype no recibió "ningún tratamiento especial".

Fernández Molpeceres defendió la labor de A. R. N., aunque admitió que una de sus exigencias a la propiedad, la agrupación de las fincas del Kaype para impulsar el proyecto, no era necesaria y fue "la primera vez" que vio conceder una licencia semejante. No obstante, resaltó que la agrupación de fincas es "coherente con la realidad" y "no beneficia a nadie" desde el punto de vista urbanístico. Negó que la interpretación de A. R. N. al calcular la edificabilidad del hotel Kaype fuera "extensiva", pues a su juicio se ajustó a la legalidad vigente, mientras que la CUOTA, que realizó cálculos diferentes, que dieron una edificabilidad menor, "cometió todos los errores del mundo. Demostrables".