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Ponga, en la "guerra del cuchu"

Un particular debe pagar 1.200 euros al Ayuntamiento por hacer acopio "ilegal" de estiércol en una finca municipal

Ponga, en la "guerra del cuchu"

La "guerra del cuchu" continúa en Ponga, donde el consistorio ha denunciado a un particular por el acopio "ilegal" de estiércol en una parcela municipal arrendada en Viegu. El resultado: el Juzgado de Cangas de Onís ha condenado al particular a abandonar la finca, a pagar al Ayuntamiento 240 euros por el pago atrasado del alquiler de la misma y 1.200 euros más por los desperfectos causados en el terreno, en el que el Ayuntamiento prevé acondicionar un área recreativa.

No es la primera vez que hay problemas en el concejo a cuenta del cuchu. En marzo de 2016 PSOE y Foro se enzarzaron a cuenta de una práctica muy habitual en los pueblos: la forista Menchu Sánchez afeo durante un pleno a la alcaldesa, la socialista Marta Alonso, que el consistorio denunciara ante el Seprona al vecino por supuestamente tener acopiado estiércol en la finca.

Ahora se resuelve la denuncia. La parcela donde se acumulaba el estiércol fue alquilada en 2015 por el gobierno de Foro a un particular con el fin de darle uso agrícola. Los problemas llegaron tras las elecciones municipales de mayo de ese año, cuando PSOE y PP hicieron un pacto para tomar las riendas del concejo. El arrendatario habría accedido a pagar la deuda de 2015 y 2016, pero no la de 2017 al estimar que se le debía 1.200 euros (más IVA) por un servicio de transporte realizado a su favor y no remunerado. La jueza de Cangas de Onís dio la razón al consistorio pongueto y obligó al hombre a devolver con intereses los 240 euros correspondientes al alquiler anual de 2017 además de las costas judiciales.

En una segunda denuncia, el Ayuntamiento pedía 4.000 euros por los daños causados en la finca, en la que según su versión fue acumulado sin los permisos pertinentes estiércol, lo que podría haber contaminado una riega cercana. Tras la presentación de un informe pericial por ambas partes, la titular del juzgado cangués estimó parcialmente la demanda y dictó que el particular debía pagar 1.200 euros por la pérdida de tierra vegetal derivada del acopio ilegal de estiércol.

La "guerra del cuchu" continúa abierta, ya que contra ambos recurso cabe apelación.

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