La alcaldesa de Ponga, Marta Alonso, "quiere acabar con las actividades tradicionales del concejo, como la ganadería", señaló ayer el vecino N. S. C., condenado a pagar 1.200 euros por hacer acopio "ilegal" de cuchu en una finca municipal que tenía arrendada en Viegu, tras una denuncia de la regidora. "Lo que me ha pasado a mí le puede pasar a cualquiera", señaló el afectado, pues "la mayoría de los vecinos apilamos cuchu". Y añadió que "lo triste" es que la Alcaldesa "se dedique a perseguir a los vecinos".
Pero la indignación de este vecino aumenta a la hora de hablar de la cantidad que la Alcaldesa pidió por apilar estiércol, 4.000 euros, ya que la finca había sido tasada por el propio Ayuntamiento en 1.200 euros. Esto es, la dirigente municipal pidió más del triple del valor de la finca por los daños causados.
El afectado señaló ayer que la Alcaldesa se ha "olvidado" que "debe serlo de todos los vecinos, los que la votaron y los que no". Y sostiene que detrás de su denuncia se advierte sectarismo político: "sabe perfectamente que lo que hay detrás de sus demandas es una obsesión por los que no son sus palmeros".
N. S. C. lanzó un aviso al resto de los vecinos del concejo: "hoy me toca pagar a mí más de 2.000 euros pero mañana puede tocarle a cualquier vecino". Y concluyó con un lamento: "A las dificultades que pasamos los ganaderos tenemos que añadir que los políticos, ahora, vengan a por nosotros".
Este vecino ha sido condenado por el Juzgado de Cangas de Onís a abandonar la finca que tenía arrendada en Viegu y a pagar al Ayuntamiento 240 euros por el pago atrasado del alquiler de la misma y otros 1.200 euros por los desperfectos causados en el terreno, en el que el Ayuntamiento prevé acondicionar un área recreativa. La parcela había sido arrendada a N. S. C. por el anterior gobierno, de Foro.
