La diputada de Izquierda Unida (IU) María José Miranda demanda explicaciones al Gobierno asturiano por el cierre del matadero del Oriente y, sobre todo, por los sobrecostes que están teniendo los ganaderos de la comarca, obligados a sacrificar sus reses en otras instalaciones de la zona central o de las Cuencas.

La también responsable de los asuntos de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del grupo parlamentario de la coalición solicita al Principado que dentro de sus competencias "haga todo lo posible para reabrir ese matadero y evitar los traslados que ahora implica".

El matadero comarcal, único escollo que impide desde hace años disolver la Mancomunidad de concejos del Oriente de Asturias, fue desalojado el 9 de noviembre del año pasado por orden judicial, tras un par de intentos fallidos en 2015, cuando el empresario que gestiona las instalaciones se negó a entregar las llaves de las mismas. La Mancomunidad del Oriente, responsable de la instalación ubicada en Margolles, daba con este desalojo cumplimiento a un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº. 6 de Oviedo, que le autorizaba a expulsar del matadero al gerente de la empresa que lo gestionaba, Mafrimargo-5 S.L., el mismo que dirigía la compañía que se hizo cargo de las instalaciones desde el 2004, Frigoríficos del Nalón S.L.

La entidad supramunicipal defendió el desalojo basándose en que el contrato con el gerente, Julio Díaz, quedó extinto en diciembre de 2014, una versión que este último no comparte. Díaz sostiene que los avisos de desalojo nunca llegaron a Mafrimargo, y que, al no haberse notificado en tiempo y forma la revocación del contrato, éste quedó renovado de forma automática por diez años. Por ello, el gerente inició acciones judiciales contra el presidente del ente, el alcalde de Parres Emilio Manuel García Longo, al que acusa de prevaricación. Longo negó haber prevaricado cuando fue llamado a declarar en el Juzgado de Cangas de Onís el pasado 12 de diciembre. Su abogado, Luis Tuero, apuntó ayer a que las órdenes de desalojo que dictó Longo estuvieron basadas en resoluciones judiciales, siguiendo los dictados de los técnicos competentes, y que contaron además con el aval de la decisión unánime del pleno de la Mancomunidad del Oriente. En este sentido, el abogado -que el regidor socialista parragués se costea personalmente- confió en que la causa será sobreseída próximamente por parte de la jueza del Juzgado de Cangas de Onís que lleva el caso.

Tal como anunció LA NUEVA ESPAÑA en diciembre, cuatro de los seis trabajadores del macelo de Margolles estarían interesados en hacerse con las riendas del negocio por dos motivos: consideran que es rentable y que además ofrece un servicio indispensable para ganaderos y carniceros de la zona. Los exempleados creen que para reabrir el matadero sólo se requeriría una pequeña y asumible reforma que modernice las instalaciones.