Las agrupaciones colunguesas del PSOE, PP y Foro han aplazado, al menos hasta el martes, la decisión sobre si pactan una indemnización extrajudicial con los propietarios de Muebles Pacoli en compensación por la nave que fue derribada en 2016 tras la anulación de la licencia.
Los portavoces del PSOE, PP y Foro, Sandra Cuesta, Máximo Villar y Miguel Hornillos, respectivamente, se reunieron ayer para tratar de pactar una posición conjunta sobre el asunto, pero, finalmente, todo apunta a que los partidos llegarán a un acuerdo en la comisión de Hacienda que está previsto celebrar el próximo martes, si bien el voto definitivo tendrá que esperar hasta el siguiente pleno municipal.
De llegar a un acuerdo, los partidos se lo trasladarían a la propiedad de Muebles Pacoli y ellos decidirían si van a los tribunales o si aceptan el ofrecimiento del Ayuntamiento, con lo que se pondría fin a un culebrón que comenzó poco después de la inauguración de la nave en abril del año 2000 y que vivió uno de sus episodios más determinantes con el derribo de la nave en septiembre de 2016.
Esta voluntad de negociar entre los partidos para alcanzar un acuerdo extrajudicial llega tras el dictamen del Consejo Consultivo del Principado, un órgano no vilculante que considera que los propietarios de Muebles Pacoli no tienen derecho a una indemnización por haberla solicitado fuera de plazo.
En cuanto a la postura de los partidos, el PSOE siempre se había mostrado favorable a llegar un acuerdo con la propiedad y pagar una indemnización por el derribo de la nave. De hecho, el gobierno municipal incluso llegó a pactar con los propietarios una suma de más de 300.000 euros.
El que ha cambiado de opinión en las últimas fechas ha sido Foro. Su portavoz, Miguel Hornillos, había manifestado anteriormente que debía ser un juez quien decidiera qué debía hacerse en este caso. Sin embargo, esta semana ha anunciado su cambio de opinión tras conocer un informe del secretario municipal, que considera que la propiedad sí que tiene derecho a recibir una compensación económica.
En caso de que no se alcance un acuerdo y que sea un juez el que decida sobre el caso, podrían darse dos circunstancias. La primera, que el Ayuntamiento ganase el juicio y que no tuviera que pagar nada. La segunda, que el consistorio perdiera y, además de verse obligado a pagar la indemnización, tuviera que abonar también unos elevados intereses de demora que supondrían un gran desembolso para las arcas municipales. Y eso que hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Colunga cuenta con un presupuesto de casi 3,9 millones de euros y un remanente superior a los dos millones.
