Cultura recurre a la Justicia para obtener el inventario de bienes de Loza de San Claudio La Consejería aplica el silencio administrativo y entiende como favorable el informe de la CUOTA

Ruiz de Alda se niega a dar entrada a la empresa que contrató la Consejería y alega que sus técnicos ya dieron por concluida la recogida de información

20.04.2008 | 02:00
Vista aérea del complejo de la Fábrica de Loza de San Claudio.
Vista aérea del complejo de la Fábrica de Loza de San Claudio.

La Consejería de Cultura informará al juez de sus dificultades para realizar el inventario de la Fábrica de Loza de San Claudio, que ha de incluirse en el expediente abierto para su declaración como bien de interés cultural (BIC). Su propietario, Álvaro Ruiz de Alda, considera que el período de recogida de información ha finalizado y se niega a dar entrada en la fábrica a la empresa que Cultura ha contratado para hacer ese trabajo. Ruiz de Alda considera suficiente el examen de los técnicos de la Consejería. Así las cosas, el consejo de Patrimonio ha optado por dejar la decisión en manos de la Justicia.

S. SUÁREZ / E. FDEZ. -PELLO
E. F. -P.
El expediente de declaración de bien de interés cultural (BIC) de la Fábrica de Loza de San Claudio acabará en manos del juez. La Consejería de Cultura ha decidido poner en conocimiento de la Justicia la negativa de Álvaro Ruiz de Alda, su propietario, a autorizar la entrada en el recinto fabril de varios técnicos de la empresa a la que ha encomendado la realización de un inventario de los bienes que guarda en su interior.
La decisión ha sido adoptada por el Consejo de Patrimonio del Principado mes y medio después de que el director general de Patrimonio, Adolfo Rodríguez Asensio, reiterara una petición que Ruiz de Alda ya había rechazado, alegando que el período de instrucción del expediente de declaración BIC se había cerrado dos meses antes, en noviembre del año pasado.
Fue en el mes de enero cuando la Consejería de Cultura se dirigió por primera vez al propietario de Loza de San Claudio informándole de la contratación de una empresa para inventariar durante seis meses los «bienes muebles vinculados directamente a la fábrica, como moldes, calcomanías y utillaje diverso», unos siete mil elementos, según las estimaciones iniciales de Cultura. Se le pedía que autorizase la entrada del personal designado para realizar la catalogación de ese material y que les proporcionase útiles y mobiliario: mesas y taburetes, una escalera de tijera e incluso un equipo fotográfico y un ordenador portátil. Ruiz de Alda, además de dejar constancia en su respuesta de que la petición se le formulaba fuera de plazo, consideraba esos requerimientos «extraños, impertinentes y abiertamente contrarios a la normativa vigente en cuestión de Seguridad».
El director general de Patrimonio insistió y el 28 de febrero remitió una segunda carta al propietario de Loza de San Claudio, dándole un plazo de tres semanas para proponer el día en que comenzaría el inventario y advirtiéndole de que, de lo contrario, el Consejo de Patrimonio sopesaría la posibilidad de paralizar cautelarmente la salida de material de la fábrica. El acuerdo adoptado por el Consejo finalmente ha sido el de acudir a la Justicia.
A pesar de todo, el propietario de Loza de San Claudio afirma haber dado respuesta a esta segunda petición de la dirección general de Patrimonio, aunque su titular asegura no tener constancia de ello. Ruiz de Alda afirma haberle ofrecido colaboración pero insiste en que no tiene sentido que una empresa entre en la fábrica para realizar un inventario de bienes cuando los técnicos de la Consejería visitaron las instalaciones y tomaron fotografías, acompañados por personal de la fábrica. «No hay duda de que eso es un examen directo del bien y además, hecho durante la fase de instrucción del expediente», observa. «En las instalaciones de la Fábrica de Loza de San Claudio no existen bienes muebles susceptibles de protección patrimonial. Las planchas y cilindros calcográficos propiedad de esta empresa que pudieran ser de interés para un eventual inventario se encuentran depositados en el Museo de Bellas Artes de Asturias», añade el empresario.
A pesar de todo, este tira y afloja entre la propiedad de la Fábrica de Loza y la Consejería de Cultura no paralizará el expediente BIC, según Adolfo Rodríguez Asensio. «Es un elemento imprescindible pero no lo entorpece. No por eso el expediente se va a paralizar», declaró.
La Consejería de Cultura se acogerá al silencio administrativo al no haber recibido en el plazo de tres meses el informe requerido a la CUOTA (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias) sobre la Fábrica de Loza de San Claudio, para su incorporación al expediente BIC.
La Consejería cuenta ya con los informes de las academias de Historia y Bellas Artes, así como de la Universidad de Oviedo, el único que consideraba inadecuada la declaración BIC del complejo fabril de San Claudio.
El informe de la CUOTA, al haber transcurrido el plazo de tres meses, se considera favorable a la aplicación de ese tipo de protección, según la Consejería.

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