La Sección Tercera juzga en junio el crimen de Portuarios y en octubre, el de Capitán Almeida El Estado podría hacerse cargo de la indemnización a su hija en caso de insolvencia

29.04.2008 | 02:00

I. RONZÓN


I. R. / R. G.


La Sección Tercera de la Audiencia juzgará, en los próximos seis meses, dos casos de violencia de género ocurridos en Asturias. Ambos serán por la ley del jurado.


El primero se verá el próximo junio. José María S. D., único imputado por la muerte de la joven Desirée Prieto en el barrio de Portuarios, en Gijón, el 13 de julio de 2006, se enfrenta a una pena de 44 años de prisión. La fiscalía solicita para el acusado 25 años por un delito de asesinato consumado y 19 más por otro en grado de tentativa, ya que también fue procesado por intentar acabar con la vida del hijo de ambos, que entonces tenía 2 años. El ministerio fiscal reclama también que se prohíba al hombre acercarse o comunicarse con el menor o con la abuela de éste durante 29 años, así como el pago de una indemnización de 200.000 euros. La acusación particular, presentada por la madre de la fallecida, eleva su petición a 45 años. La defensa pide la absolución.


El segundo de los juicios será a partir del 6 de octubre. El fiscal pide 14 años de prisión para el hombre que supuestamente acabó con la vida de su esposa en febrero de 2007 en la calle Capitán Almeida de Oviedo. El fiscal coordinador de violencia de género de Asturias, Gabriel Bernal, acusa a José Ramón T. R., de 71 años y natural de Grado, de un delito de homicidio. Pide que indemnice a cada uno de los hijos del matrimonio (cuatro) con 57.879 euros. El cadáver presentaba más de una decena de puñaladas.

La hija de Isaura Pascual, cuya tutela está ahora en manos del Principado, podría reclamar que el Estado se hiciera cargo de la indemnización de 130.000 euros que establece para ella la Sección Tercera de la Audiencia si se demostrase que el acusado -su padre, en prisión- es insolvente. Así lo establece una ley de 1995, de indemnizaciones a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, según explicó ayer el fiscal coordinador de violencia de género en Asturias, Gabriel Bernal, cuyos planteamientos asume de forma íntegra de la sentencia. Para que la menor pudiera acogerse a esta ley, tendría que solicitarlo explícitamente a través de su representante legal y en un plazo determinado. En el mismo caso podría encontrarse la hermana de la fallecida, para quien la Sección Tercera fija una indemnización de 30.000 euros.


La sentencia establece además una indemnización de 130.000 euros para el otro hijo de la pareja, a pesar de que éste falleció en septiembre de 2006, seis meses después del crimen de El Cogoyo. Así, tras su muerte, su hermana podría heredarlo, aunque habría que estudiar las circunstancias que rodean el caso.


El acusado, defendido en este caso por el abogado José Carlos Botas, permanece en Villabona desde el día del asesinato.

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