Pablo GONZÁLEZ

Catorce de los quince miembros del PSOE suspendidos de militancia por la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) esperan un veredicto favorable tras el juicio celebrado ayer en el Juzgado de primera instancia. La demanda conjunta presentada por los afectados -uno lo ha hecho a título individual- se centra en la consideración de que la decisión del órgano socialista local vulneró los estatutos del partido y la Constitución al castigar a quince militantes por criticar la ausencia de elecciones primarias en la elección de Paloma Sainz como candidata a la Alcaldía en las últimas elecciones locales.

Los castigados por la AMSO confían en que la justicia anule la decisión del partido, basada en el contenido de más de una docena de cartas al director publicadas en LA NUEVA ESPAÑA en las que se criticaba la forma en la que se había elegido a Paloma Sainz. En un principio, el abogado de la AMSO había llamado a declarar a tres de los suspendidos: Dolores Riesgo, Teresa García Miralles e Ignacio Vázquez. Pero el letrado del PSOE ovetense renunció a ello durante la vista.

Desde la AMSO se considera que la actitud de este grupo de militantes sólo sirvió para perjudicar al partido en los meses previos a los comicios locales, además de romper la unidad en torno a Paloma Sainz en la difícil lucha por arrebatar la Alcaldía a Gabino de Lorenzo. Mientras, los afectados defienden la decisión tomada aquel verano de enviar a este periódico las cartas al director de la polémica. «Lo hicimos tras agotar todos los cauces internos del partido. Además, todo el proceso de elección se llevó a cabo durante las vacaciones estivales, cuando la vida política es totalmente inexistente. Prueba de ello es que nos enteramos por la prensa de que la elegida había sido Paloma Sainz. La única forma de discrepar que nos quedaba era la de las cartas al director», explicaba ayer Ignacio Vázquez, uno de los afectados.

Desde la AMSO se considera que no fue así. «En lugar de manifestar internamente la discrepancia, se perjudicó al partido deliberadamente», expuso Francisco Alonso, abogado que representó en la vista los intereses de la AMSO. El letrado cree que el contenido de las cartas excede una mera opinión. El jurista repasó alguna de las misivas recalcando expresiones del tipo «traición al espíritu socialista», «coacción a la libertad», «prácticas democráticas de pacotilla», «tics dictatoriales y sicilianos» o «partido estalinista». Éstos son algunos de los motivos por los que Alonso considera que los militantes sancionados fueron «más allá de la crítica». Así, los afectados se escudan en la libertad de expresión, mientras que desde la AMSO se va más allá: «Además del derecho de la libertad de expresión, la Constitución recoge el derecho de asociación política. Los partidos tienen derecho a autoorganizarse y a cumplir con sus fines».

Ignacio Vázquez se muestra sorprendido por «el empecinamiento del partido» en este caso, además del gasto de tiempo y recursos que todo este proceso está suponiendo. «Han tomado una actitud totalmente desproporcionada por unos militantes insignificantes», explicaba para proseguir: «Sólo queríamos que hubiese democracia interna en un partido donde siempre se ha debatido. Algo que propone José Luis Rodríguez Zapatero, que llegó a ser candidato legitimado por los militantes. Y esto era lo que queríamos para Oviedo».

Una de los documentos presentados para dar validez al argumento de que las sanciones se saltaron los estatutos del PSOE se basa en unas declaraciones de Jesús Gutiérrez publicadas en este diario. «Tras la publicación de las primeras cartas, el secretario de organización de la FSA advirtió en LA NUEVA ESPAÑA que habría sanciones. Luego fue él el encargado de instruir el caso. Tenían muy claro que iba a sancionar. Es decir, imparcialidad, cero», sentenciaba ayer Vázquez.