L. S. NAVEROS

El PSOE está dispuesto a llegar al Juzgado para denunciar lo que considera «una grave irregularidad» con «desviación de poder» a favor de un particular y en contra del interés público, por la actuación del Ayuntamiento, que autorizó la construcción de un edificio de siete plantas en el patio de manzana formado por las calles Pérez de Ayala, Pérez de la Sala, González Besada y Santa Susana.

Según la denuncia del PSOE, el edificio, en forma de L, tiene su fachada a la calle Pérez de Ayala, números 6 y 8, y en el interior del patio de manzana se levanta sobre una lengua de terreno -donde estuvo la huerta de la antigua casa de Paulino Vicente-, que sólo deja una distancia de tres metros con la fachada posterior del número 10 de la misma calle. «En este sentido, nos encontramos con una grave irregularidad, ya que deja a varias viviendas de este número fuera de ordenación, ya que las normas urbanísticas no permiten las viviendas que sólo tienen ventanas a patios de luces, y hay pisos en ese edificio que sólo tenían vistas a la manzana y que ahora han quedado prácticamente cegados», indicó ayer la concejala Carmen Caballero.

El PSOE señala otra infracción urbanística en el expediente: que las ventanas del edificio se abren sobre un terreno sobre el que la empresa promotora no tiene servidumbre de luces y vistas, y que no es de dominio público, ya que fue cedido en su día por la comunidad de Pérez de la Sala, 27, que ha mantenido su uso como espacio deportivo, y es un bien patrimonial del Ayuntamiento. «Ha habido gravísimas irregularidades, que empiezan desde la primera licencia que se otorga a esta promotora, y continúan con la concesión de otras dos licencias más para dar cobertura legal a sucesivas modificaciones del proyecto, que, por ejemplo, se amplió en su fondo de construcción unos 60 centímetros sobre lo autorizado inicialmente». Con esta ampliación, el edificio llegó al borde mismo de la parcela de su propiedad, de forma que los balcones y una acera de remate de la fachada invaden la propiedad colindante, del Ayuntamiento.

«Son hechos de enorme gravedad por la inacción del Ayuntamiento ante obras ilegales e ilegalizables, pese tener advertencias previas. De esta actuación se deriva un perjuicio para el interés público, pero importantes ventajas para la promotora, que podrían cifrarse en unos 20 millones de euros. Si no se actúa con prontitud y rigor, tendremos que ir a los tribunales», anunció ayer la portavoz municipal socialista, Paloma Sainz.