La adjudicación del futuro Palacio de Justicia en la parcela del Vasco está libre de cualquier ilegalidad, según resaltó ayer la consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno del Principado, Ana Rosa Migoya, quien aseguró que el Ejecutivo asturiano actuó conforme a la legalidad vigente y con todos los requisitos cumplidos. «El Gobierno rechaza cualquier insinuación y acusación que ponga en cuestión la legalidad del proyecto», subrayó.
La Consejera respondió así a la denuncia que el portavoz de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (ASCIZ), Roberto Sánchez Ramos, presentó el martes ante la UE, en la que critica la adjudicación a la empresa Jovellanos XXI «de forma directa y sin hacer uso de un procedimiento de licitación abierto y público». Migoya señaló que desde el punto de vista político se puede discrepar sobre si se comparte el proyecto o no, pero «nunca dudar de su legalidad».
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