M. PÉREZ
Una sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Oviedo obliga al Ayuntamiento a investigar las denuncias de la Unión de Consumidores por el redondeo al alza de los parkings de la ciudad. La UCE formuló las denuncias en 2007 y la Oficina Municipal de Consumo las archivó. El magistrado Miguel Ángel Carbajo ha dado la razón a la UCE y obliga al Ayuntamiento a «la incoación del oportuno expediente por las denuncias formuladas por la Unión de Consumidores de Asturias contra diferentes aparcamientos de la ciudad de Oviedo».
La UCE mantiene varios frentes judiciales abiertos contra el Ayuntamiento de Oviedo, tanto administrativos como penales. El pasado mes de enero consiguió llevar al Juzgado a la anterior concejala de Consumo, Conchita García, y al director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Alejandro Álvarez, por un presunto delito de «prevaricación», al archivar «más de 1.100 reclamaciones presentadas por los consumidores ovetenses hasta 2007». Las denuncias contra los parkings de la ciudad por el redondeo al alza son algunas de estas denuncias archivadas por el Ayuntamiento de Oviedo en su día. Mientras que la UCE ha ganado por la vía administrativa una de las denuncias presentadas contra el Ayuntamiento, la vía penal sigue su curso y aún no se ha resuelto la investigación.
La sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Oviedo cuestiona el funcionamiento de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, a la que acusa de «indolencia administrativa», a pesar de evidenciar que «la Administración es consciente de sus competencias en materia de consumo». El juez también señala que «la inactividad o renuncia al ejercicio de sus potestades ha convertido al municipio de Oviedo en un refugio de proveedores de bienes y servicios a los consumidores, al menos desde el punto de vista de las potestades municipales, pues da igual la forma en la que presenten sus servicios, faciliten bienes, etcétera, la Administración municipal nunca tratará de poner freno a tales comportamientos».
El Ayuntamiento propuso en diciembre de 2007 el archivo de las denuncias por el «carácter jurídico privado de la relación entre los usuarios de los aparcamientos y las empresas titulares». Por su parte, el juez considera que «la denuncia no se refiere a cuestiones que afecten a las relaciones entre sujetos privados».
Las denuncias
La Unión de Consumidores denunció en 2007 ante la Oficina Municipal de Consumo prácticas ilegales de los parkings de la ciudad. El Ayuntamiento archivó las denuncias.
La resolución judicial
El juez obliga al Ayuntamiento a investigar las denuncias formuladas por la UCE contra los parkings y acusa al gobierno local de «indolencia administrativa».
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