La UE investigará si la adjudicación del proyecto del Palacio de Justicia es legal

Marta PÉREZ
M. PÉREZ
La Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia de Izquierda Unida contra la construcción del Palacio de Justicia en la parcela del Vasco, que financiará el Principado mediante el convenio firmado con la sociedad Jovellanos XXI y que ya cuenta con licencia del Ayuntamiento de Oviedo. IU-Los Verdes denunció el procedimiento de adjudicación del proyecto, acordada por el Gobierno del Principado el pasado 25 de junio, por no haber iniciado un concurso público. La Secretaría General de la Comisión Europea acaba de comunicar a la formación política su decisión de iniciar una investigación para determinar si el convenio vulnera la normativa comunitaria en materia de contratación pública. Será la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea la que se encargue de investigar la denuncia, el mismo organismo que investigó la adjudicación de las obras del puerto del Musel, en Gijón.

El coordinador de Izquierda Unida de Oviedo, Alejandro Suárez, valoró la decisión de la Comisión Europea como «satisfactoria». Según explicó, «aunque el procedimiento de investigación sólo se ha iniciado, esta decisión de la Secretaría General de la Comisión Europea demuestra que nuestra denuncia está bien fundamentada y, si los responsables de la decisión no rectifican antes, acabará suponiendo una importante sanción para las arcas públicas». Alejandro Suárez indicó que «con toda probabilidad» el siguiente paso que dará la Dirección General del Mercado Interior será «requerir al Gobierno de España para que solicite al Gobierno de Asturias el expediente completo del acuerdo denunciado, para su análisis». Según Suárez, «en el caso probable de que se determine que se ha vulnerado la normativa europea en materia de contratación pública, la Comisión Europea remitirá su informe al Tribunal de Justicia de Europa para sancionar esta irregularidad». IU espera que «antes de que esto se produzca se rectifique una decisión que es claramente ilegal desde la perspectiva del derecho comunitario y gravemente lesiva para los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Oviedo y de Asturias. Si no fuera así, alguien tendría que asumir la responsabilidad política en este asunto».

Fue el propio Suárez el que formalizó la denuncia contra el acuerdo por el que se adjudicaba a Jovellanos XXI la construcción del Palacio de Justicia por 190 millones de euros. IU cuestiona que se haya suscrito «sin haber mediado concurso público y disfrazando dicha adjudicación de un contrato de arrendamiento inexistente, incorporando, además, un sobreprecio sobre el coste real de las obras de más de 110 millones de euros». Por su parte, la portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, defendió en su día la «legalidad y legitimidad» del convenio entre el Principado y Jovellanos XXI, empresa de las familias Cosmen y Lago.

La tramitación

El Consejo de Gobierno autorizó el pasado mes de julio el convenio suscrito entre el Gobierno regional y la sociedad Jovellanos XXI para construir el futuro Palacio de Justicia en el Vasco. El Ayuntamiento de Oviedo ya ha concedido licencia para que comiencen las obras, previstas para una vez pasado el verano.

Las denuncias

Izquierda Unida denunció ante la Comisión Europea la legalidad del acuerdo, al considerar que «no ha mediado concurso público y se ha disfrazado la adjudicación de un contrato de arrendamiento inexistente». El Grupo municipal Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda también presentó un recurso de reposición contra el proyecto por entender que el contrato entre el Principado y la empresa es «un acto fraudulento».

La versión del Gobierno

La portavoz del Gobierno regional, Ana Rosa Migoya, defendió que el acuerdo cuenta con todos los informes favorables de fiscalización y de los servicios jurídicos.

Europa

La Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia de Izquierda Unida e investigará la legalidad del acuerdo.

Las obras del Palacio de Justicia comenzarán después del verano, según las previsiones de la sociedad Jovellanos XXI. El Ayuntamiento de Oviedo concedió el pasado 24 de julio la licencia para que empiece la construcción del proyecto, elaborado por el arquitecto avilesino Máximo Díaz con la colaboración de Verónica Durán.

El nuevo Palacio de Justicia ocupará 60.000 metros cuadrados de terreno y tendrá un coste de 176,7 millones de euros, que se pagarán mediante un arrendamiento a treinta años, tras los cuales las instalaciones pasarán a ser propiedad del Gobierno regional. Además, el Principado adquirirá otros 20.000 metros cuadrados en la misma parcela para ubicar el Archivo Regional, una operación que costará 14 millones.