La oposición da por invalidado el nuevo plan económico con el varapalo judicial

D. GONZÁLEZ

El fallo del Juzgado número 3 de lo contencioso-administrativo se hizo público ayer justo en el mismo momento en que se reunía la Comisión de Economía y cayó como un mazazo en el Consistorio ovetense, donde las reacciones de los distintos grupos políticos no se hicieron esperar. Tanto Ciudadanos como el PSOE coincidieron en que la sentencia invalida el nuevo plan económico, y la portavoz socialista, Paloma Sainz, exigió al alcalde, Gabino de Lorenzo, que asuma su responsabilidad en el caso, «incluso patrimonial».

El concejal de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (ASCIZ), Roberto Sánchez Ramos, afirmó que según lo que le habían detallado distintas fuentes técnicas, el justiprecio final que el Juzgado podría estimar, una vez que la empresa y el Ayuntamiento no se hubieran puesto de acuerdo con los nuevos aprecios, podría oscilar entre los 28 y los 35 millones de euros. Sánchez Ramos considera que este nuevo desembolso «invalida por completo el plan económico-financiero para 2009-2011, porque no aparece reflejado en él».

El plan económico-financiero propone las fórmulas para solucionar el desequilibrio presupuestario del Ayuntamiento. La falta de fondos ascendería a unos 10,3 millones de euros y estaría directamente relacionada con los pagos de 2008 para liquidar la deuda por la expropiación del palacete.

La portavoz del Grupo municipal Socialista, Paloma Sainz, no duda en calificar esta situación de «agujero presupuestario». El PSOE coincide con ASCIZ en que la retasación «dejaría sin valor el plan».

A su vez, Sainz confiaba ayer en que Del Fueyo no pidiera una ejecución provisional de la sentencia. La edil socialista exigió que el alcalde de la ciudad, Gabino de Lorenzo, «asuma su responsabilidad política, e incluso patrimonial», respecto a «Villa Magdalena».

Mientras se desconoce qué aprecio realizará el Ayuntamiento, de tener que hacerlo, sobre «Villa Magdalena», el realizado por la empresa asciende a 62.899.486 euros y se basa en la media del polígono fiscal en que está ubicada la finca.

Ése es el mecanismo que establece la ley cuando una parcela no tiene edificabilidad. Comamsa argumenta que la tasación ratificada por el Supremo en 2007 es de 1997 y que en diez años ha habido un incremento notable en el precio del suelo. Ese incremento, en el caso de la avenida de Galicia, es todavía más notable, al ser una de las zonas más caras de toda Asturias.