L. S. NAVEROS
La sentencia de «Villa Magdalena» -que acepta el derecho del antiguo propietario del palacete a que se vuelva a tasar su precio- planeó ayer durante un Pleno municipal que contó con la presencia del alcalde, Gabino de Lorenzo.
El PP rehuyó el espinoso asunto hasta el final de la sesión, cuando De Lorenzo tomó la palabra para contestar a las preguntas de la oposición sobre la polémica expropiación. Tanto PSOE como Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda querían saber por qué no se consignó en su momento el justiprecio del palacete, lo que hubiera evitado su retasación. De Lorenzo contestó: «"Villa Magdalena" está en manos de los servicios jurídicos, y se tomarán las decisiones que se consideren más adecuadas para los intereses municipales. Esta sentencia ha ocasionado alegría en dos grupos: los empresarios y sus abogados, que deben de estar encantados, y ustedes. No lo celebren todavía, porque todavía no es firme». La portavoz socialista, Paloma Sainz, respondió con indignación, interrumpiendo al Alcalde y exigiéndole que retirara sus palabras. «Asuma su responsabilidad por habernos metido en este pufo, y que quede claro que el Grupo Socialista quiere más a esta ciudad que ustedes».
El Pleno venía cargado de asuntos económicos: la aprobación de la cuenta general del Ayuntamiento de 2008, y el plan económico financiero de 2009 a 2011, un informe obligatorio por el «desequilibrio presupuestario» de diez millones de euros con el que se cerró el ejercicio del año pasado. En cuanto al plan financiero, tanto el PSOE como Ciudadanos coincidieron en considerarlo «papel mojado», tras el varapalo judicial por la expropiación del palacete. La oposición pintó un panorama negro, y preguntó en varias ocasiones, sin obtener respuesta, si para salvar el déficit se van a subir los impuestos.
Por el PP, defendió el plan el nuevo concejal de Economía, Jaime Reinares, que insistió en que de déficit, nada de nada. «Hubo una situación de desequilibrio, al comparar algunos capítulos de ingresos con algunos de gastos, pero el ejercicio se cerró con superávit», aseguró. Reinares concluyó que «pueden estar tranquilos los ovetenses, el Ayuntamiento está bien y saneado», y destacó que el plan concluye que el Consistorio «es solvente y está bien gestionado».
Para el PSOE, el plan es «pura propaganda». «Ustedes pagaron a la empresa y ella puso lo que querían que pusiera», valoró la concejala Margarita Vega, que acusó al PP de «no tener definido si van a subir los impuestos o no, están esperando a ver qué les van a dar otras administraciones».
Roberto Sánchez Ramos, portavoz de ASCIZ, insistió en que después de la sentencia el plan económico financiero carece de sentido. «El informe concluye que hay que ahorrar 24,3 millones hasta 2011, para equilibrar las cuentas. Son cálculos que no sirven para nada, tras la sentencia», y preguntó si, en definitiva de lo que se trata es de «subir el IBI», una idea que retomó Vega. «Aunque doblen el recibo del IBI, no les va a dar para tapar ese agujero. El esfuerzo ciudadano para evitar que el Ayuntamiento entre en quiebra va a ser brutal».
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