D. O.
El PSOE ha presentado 18 enmiendas a la nueva ordenanza de convivencia ciudadana presentada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento. La portavoz de los socialistas, Paloma Sainz, presentó ayer sus propuestas, que parten de la base de que una ordenanza de este tipo no debe tener nunca un afán recaudatorio. Sainz propuso que «el dinero de las sanciones se destine a políticas sociales, y que en algunos casos las multas económicas sean sustituidas por trabajos en beneficio de la comunidad».
Aun así, la edil socialista entiende que en muchos casos no debe intervenir la Policía para aplicar la nueva ordenanza, sino los Servicios Sociales. Puso como ejemplo el «botellón»: «El problema no es que los jóvenes se reúnan en la calle, el problema es el consumo masivo de alcohol».
Sainz subrayó que la ordenanza presentada por el equipo de gobierno «quiere esconder los problemas en vez de solucionarlos». «Si una persona ejerce la mendicidad de manera continuada quien debe intervenir son los Servicios Sociales y no la Policía para sancionarla», explicó.
La socialista criticó también que con la ordenanza en la mano «se mete a todos los ovetenses en el mismo saco y se les puede acusar de delincuentes». Explicó que en caso de que una persona cometa una infracción tipificada en la ordenanza y la Policía no logre identificar al autor material de los hechos se puede sancionar al resto de personas que están en el lugar. «No hemos oído nada así desde el franquismo», apostilló Paloma Sainz, quien señaló que cuando leyó por primera vez el proyecto de ordenanza le pareció «un texto muy antiguo»
La portavoz del PSOE aludió a la petición de su grupo de crear un observatorio permanente de la convivencia y poner en marcha un plan integral de convivencia.
PSOE
Los socialistas han presentado 18 enmiendas para que el texto se adecue a la realidad ovetense y que el dinero obtenido por las sanciones se invierta en políticas sociales. Además, el PSOE propone sustituir multas por trabajos en beneficio de la comunidad.
ASCIZ
El concejal Roberto Sánchez Ramos ha pedido la retirada de la ordenanza por inconstitucional.
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