Cada ovetense pagará de media unos 18 euros más por la subida de las tasas

L. S. NAVEROS
La subida de las tasas e impuestos locales para 2010 supondrá de media un coste de unos 18 euros más al año a cada ovetense. Con la propuesta de ordenanzas fiscales para el año que viene, que suben en su mayoría un 3 por ciento, aunque en casos como la grúa se incrementan hasta un 7,1 por ciento, el Ayuntamiento espera recaudar unos 4 millones de euros más en concepto de tasas y precios públicos.

Los técnicos municipales consideran, sin embargo, que pese a ese esfuerzo de los ciudadanos los ingresos municipales se reducirán, lo que obligará a elaborar «un presupuesto más austero, con recortes de gasto corriente, y con el objetivo de mantener la calidad de los servicios públicos».

El motivo de la caída de ingresos prevista por el Ayuntamiento está, en primer lugar, en el recorte de la actividad económica asociada a la construcción. Se esperan importantes reducciones en el impuesto de construcciones, en las licencias de actividad, en las licencias de obras y en el impuesto de plusvalías.

Además, insiste el equipo de gobierno, está previsto un recorte de los ingresos procedentes del Estado, «entre un 18 y un 20 por ciento», lo que podría reducir los ingresos «en unos 9 millones de euros», una reducción de ingresos que se ha intentado paliar, en parte, con la nueva propuesta fiscal, según asegura el PP.

La propuesta de los populares no ha gustado al grupo municipal de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda. Su portavoz, Roberto Sánchez Ramos, presentó ayer un escrito en el que solicita que se congelen las tasas y precios públicos del año que viene.

Sánchez Ramos argumenta que las tasas municipales ya se incrementaron este año un 4,9 por ciento de media y que para ello se tomó como referencia la inflación de agosto de 2008, como se ha hecho en los últimos años. Para el concejal, dado que en agosto de este año la inflación fue del -0,8 por ciento, debería haber una congelación fiscal. En su opinión, el equipo de gobierno debe estudiar la posibilidad de que en servicios esenciales como el agua, el saneamiento, el IBI o la «viñeta» se aplique una exención a las personas desempleadas, con rentas bajas y familias con una situación económica crítica.