David ORIHUELA
M. PÉREZ
El macabro crimen de Vallobín no es un hecho aislado ni será el último. Paz García Portilla, presidenta de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría, constata que en los últimos tiempos ha aumentado mucho el número de sucesos de este tipo en todo el mundo. Las causas son siempre las mismas, en las familias cada vez se dispone de menos tiempo, los jóvenes están rodeados de violencia (televisión, videojuegos...) y esos mismos jóvenes no están sujetos a ninguna disciplina. Además esos sociópatas que cometen las atrocidades «son cada vez más jóvenes».
En cuanto al caso concreto del crimen de Vallobín, donde el pasado 23 de junio fue asesinada y posteriormente descuartizada la joven María Luisa Blanco, de 36 años, García Portilla lo califica de «una película de terror». La experta reconoce que sólo sabe del caso lo que se ha publicado en los medios de comunicación, pero es suficiente. La joven fue asfixiada, descuartizada y el cuerpo se guardó en la nevera y el congelador. Su hermano, Pablo Luis B. B., y otros dos inquilinos de la casa, Cristian M. P. y Jesús V. B., están en la prisión de Villabona acusados de asesinato. La pareja de este último, Larissa L. R., de 17 años, por su condición de menor de edad está internada en el centro de menores de Sograndio. Todos están acusados de homicidio.
María Luisa Blanco Blanco vivía en casa con su madre, Rosario Blanco, y su hermano, Pablo Luis. «Era una familia con cierta patología, pero que funcionaba de forma autónoma», analiza García Portilla. Ese equilibrio se rompió cuando Pablo Luis acogió en la vivienda a Cristian M. P., un joven de 20 años, amigo suyo, que asegura que vivía en la calle. Pocos meses después Cristian llevó a la casa, en el número 19 de Mariscal Solís, a Jesús y Larissa, que en mayo, sólo un mes antes del crimen, tuvieron un bebé.
Comenzó entonces una escalada de violencia. Pequeños robos en la casa fueron lo primero, más tarde se pasó a palizas, robos de tarjetas de crédito y una familia secuestrada en su propia casa. «Los agresores no encontraban ningún tipo de resistencia por parte de los miembros de la familia y la escalada continuó su camino», describe la psiquiatra. La víctima y su hermano fueron obligados a mantener relaciones sexuales delante de su madre. «Los agresores no tienen ninguna empatía», dice García Portilla, que enlaza el crimen con el cometido por «el asesino de la catana», José Rabadán, un chico que asesinó a su padre, a su madre y a su hermana, con síndrome de Down. «Es un juego de rol llevado hasta el máximo», sostiene la presidenta de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría.
Por los datos que conoce la experta, los que hasta el momento se han hecho públicos, deduce que todos los acusados han tenido problemas de largo recorrido. «No son enfermos diagnosticados, por lo que entiendo que sufren un trastorno disocial de la personalidad que puede verse incrementado por el consumo de drogas», asegura García Portilla.
Todo hace pensar que los informes psiquiátricos serán uno de los argumentos más recurridos por las defensas en el juicio.
El próximo noviembre se sucederán las declaraciones de vecinos y testigos con las que la juez instructora del caso, María Luisa Llaneza, intentará aportar más luz al crimen de Vallobín, en el que fue asesinada la joven María Luisa Blanco Blanco, de 36 años.
Una vez levantado el sumario del caso -unos seiscientos folios- la juez volvió a llamar a declarar el pasado septiembre a los principales protagonistas del crimen de Vallobín. Por el Juzgado de instrucción número 4 pasaron, por este orden, el hermano de la víctima, Pablo Luis B., uno de los residentes en la vivienda, Jesús V. B. -que se acogió a su derecho a no declarar-, y otro de los residentes, Cristian M. P.
También fue llamada a declarar, esta vez en calidad de testigo -aunque está en libertad con cargos por encubrir el crimen- Rosario B., la madre de María Luisa Blanco. Su ex marido y padre de los hermanos, Gil Blanco, también prestó declaración ante la juez.
Empleados de comercios donde los inquilinos de la vivienda acudieron para financiar compras, la empleada de un supermercado del barrio donde Cristian M. P. compró los utensilios empleados, supuestamente, para limpiar la escena del crimen, y el empleado de un restaurante de comida a domicilio que sirvió la cena la noche del asesinato también desfilarán por el Juzgado el próximo mes para repetir las declaraciones que ya realizaron en su día a la Policía. Los resultados de la autopsia de María Luisa Blanco y una reconstrucción del crimen -se supone que se pedirá de oficio- son algunos de los cabos que quedan por atar.
«Los agresores no encontraron resistencia y la escalada siguió su camino»
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Psiquiatra
