L. S. NAVEROS
El concejal de Estadística, Iván de Santiago, admitió ayer que es abogado de una de las empresas que participaron en la compraventa de la parcela B-16 del polígono de Olloniego I. «Mi relación con Puertas Miera está clara: soy abogado de esta empresa desde hace más de diez años. Yo vendí 500 participaciones de la sociedad Representación de Deportistas y Eventos Deportivos a Sáenz de Miera en la estratosférica cifra de 400 euros. Este señor es cliente mío. Los abogados nos dedicamos en ocasiones a crear empresas y transmitirlas a nuestros clientes cuando fiscalmente es oportuno. Como no hay nada que esconder, todo está hecho con luz y taquígrafos, en escritura pública. Lo que no puede haber en estas transacciones es beneficio, y es evidente que en este caso concreto que denuncia la señora Caballero no lo ha habido. Ahí están las escrituras y el registro mercantil, que es público», argumentó.
El concejal negó que tuviera ninguna intervención en la gestión de la parcela de Olloniego que investiga la Fiscalía. «En el expediente de la parcela B-16 no hay ni una sola resolución con mi firma, ni siquiera un informe técnico con un visto bueno mío. Basta ya de la terrible obsesión que esta mujer tiene conmigo, acusando sin pruebas, por meras especulaciones», reclamó De Santiago, que anunció que cuando concluya la investigación judicial entablará acciones penales «porque hablar de trama o especulación va más allá de la crítica política, entra en el terreno de la calumnia o la injuria».
El concejal insistió en que Carmen Caballero «no está para dar lecciones de moral» porque, «como ya denunció el diputado José Agustín Cuervas-Mons, 31 de los últimos 33 contratos de su empresa pertenecen al sector público. Ha facturado al Principado de Asturias contratos por 1,8 millones de euros, y la mayor parte de ellos fueron adjudicados sin publicidad. Estos datos sí son ruborizantes». Y extendió sus críticas al Grupo municipal Socialista, «que tiene un grupo de prejubilados que cobran 60.000 euros y se dedican a la política para ocupar el tiempo libre o a una portavoz que se pasea por ahí en horario laboral, cuando debería estar en su puesto de funcionaria regional».
De Santiago justificó que el equipo de gobierno decidiera pedir un nuevo informe, desoyendo la recomendación de los funcionarios municipales de rescindir la venta de la parcela. «Se trata de un caso jurídicamente complejo. Se ha contratado a uno de los mejores despachos de abogados de España para arrojar más luz sobre un asunto complicado. Su dictamen puede o no coincidir con el de los técnicos municipales, pero, en todo caso, el acuerdo de la Junta de Gobierno de pedir esta asesoría es completamente legal. Lo que va a haber ahora es una opinión más», señaló De Santiago, que recordó que fue el Alcalde el que envió a la Fiscalía asturiana el caso para su investigación.
.jpg)
