L. PALACIOS
Un conocido abogado ovetense, J. M. J., se enfrenta al pago de una multa de 16.200 euros e inhabilitación para el ejercicio de la abogacía durante dos años por un delito de revelación de secretos. Si el juez considerara que este delito no existe, la fiscalía pide que se considere la existencia de un delito de violación de secretos y que se le condene a un año de prisión e inhabilitación por un año.
El juicio se celebró ayer en los juzgados de lo penal de Oviedo, y en la sala se escuchó la cinta con la conversación telefónica mantenida con un hombre, cliente suyo, al que la Guardia Civil investigaba por tráfico de drogas, por lo que tenía intervenido el teléfono. Esto permitió que la conversación quedara grabada. En el transcurso del diálogo el letrado supuestamente alertó a su interlocutor de que un tercero -Pedro Corao, condenado por la Audiencia Provincial por la «operación Pípol» y absuelto posteriormente por el Supremo- tenía el teléfono «pinchado» por los agentes.
La Benemérita se encontraba entonces inmersa en la «operación Mezcla» contra el tráfico de drogas. Los agentes investigaban a Corao por su supuesta participación en los hechos. A partir de la conversación entre el letrado y su cliente, Pedro Corao dejó de utilizar el teléfono que la Guardia Civil había intervenido.
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