L. S. N.
Los dos grupos de la oposición municipal, PSOE y Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda, anunciaron ayer que impugnarán en los tribunales el reglamento orgánico del Pleno que será aprobado en la sesión plenaria del próximo lunes. Tanto el PSOE como Ciudadanos consideran «intolerable» que el nuevo reglamento impida el acceso de los concejales de la oposición a los expedientes que se tratan en la Junta de Gobierno, el órgano que adopta la mayor parte de las decisiones del Ayuntamiento.
Para la portavoz socialista, Paloma Sainz, las modificaciones del reglamento son «innecesarias y lesivas para los derechos de la oposición», por la «eliminación del artículo que permitía a los grupos municipales el acceso a los expedientes aprobados en la Junta de Gobierno en las 24 horas siguientes a su celebración». «Deberíamos tener acceso con total normalidad y transparencia», reivindicó. «Vamos a llevar esta situación irregular a los tribunales», anunció.
Para el portavoz de Ciudadanos, Roberto Sánchez Ramos, se ha dado «una vuelta de tuerca más al oscurantismo municipal, ya que dicho reglamento recoge una serie de restricciones que sólo se aplican a la oposición municipal». El concejal considera que se trata de «un caso único en España, y se preguntó «qué tiene Gabino de Lorenzo que esconder para tomar estas restrictivas y antidemocráticas decisiones», que en su opinión «vulneran derechos fundamentales», por lo que anuncia que recurrirá también a los tribunales.
Por su parte, Paloma Sainz criticó también que se permita la eliminación de la declaración de bienes de los concejales y el Alcalde a los tres años de finalizado su mandato.
El teniente de alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, argumento que la medida es legal, e insistió en que «los grupos de la oposición tienen acceso en tiempo real a todos los decretos, y todos los expedientes están disponibles para su estudio de acuerdo con la ley».
En lo referente a la discusión «sobre el tiempo de custodia de la declaración de patrimonio», consideró que se trata de un «un debate fraudulento». Según Caunedo, el Consistorio aplica la normativa legal del Gobierno de España. «No entendemos por qué lo que es bueno para España tiene que ser malo para los concejales del Ayuntamiento de Oviedo», destacando que «se garantiza la fiscalización al equipo de gobierno que establece la legalidad. No se puede exigir una ley especial en Oviedo».
.jpg)
