M. PÉREZ
«Yo misma la acompañé a la casa de acogida de mujeres de Ventanielles. Le dijeron lo que le decíamos todos, que denunciase, pero tenía miedo». Pilar Fernández es la mejor amiga, también vecina, de Rosario, la madre de María Luisa Blanco Blanco, la joven descuartizada en Vallobín. Fernández declaró ayer ante la juez que instruye el caso, Marisa Llaneza, junto a otros siete vecinos del número 19 de Mariscal Solís, donde murió asesinada la joven María Luisa, de 36 años, el pasado junio.
Fernández, que trabajó con Rosario B. en el servicio de limpieza del Hospital Monte Naranco, explicó que la mujer le había pedido ayuda, a raíz de la llegada a la casa Cristian M., amigo de su hijo Pablo Luis, y de la pareja formada por Jesús V. y Larissa L. «Ella me dijo que le pegaban, que la habían tirado al suelo», dijo. Fue entonces cuando la vecina y amiga de Rosario B. decidió acompañarla a Ventanielles. «Le dijeron lo que le decían en todos los sitios, y lo que le dije yo, que denunciara», relató la mujer, que según explicó había dejado de visitar en su domicilio a Rosario B. y sus hijos desde que Cristian, Jesús y Larissa vivían allí. «Cosí alguna vez para ellos, y les llevaba casadielles, que les gustaban mucho», señaló.
Hace unos meses Pilar Fernández volvió a encontrarse con su amiga Rosario. «Me la encontré en el hueco de la escalera. Venía acompañada por dos personas, supongo que serían de los servicios sociales», contó la mujer a LA NUEVA ESPAÑA. «Vendría a buscar ropa al piso. El caso es que la saludé, le dije "hola Rosario" y no me contestó», explicó Pilar Fernández, que definió tanto a Rosario como a sus dos hijos, la difunta María Luisa y Pablo Luis B., que está en Villabona, como «unos pobres infelices».
Una vez concluidas las declaraciones, los abogados de Larissa L. y Jesús V., Ana Belén Rodríguez del Campo y Luis Alberto Álvarez Arboleya, respectivamente, explicaron que «la gente lee los periódicos», porque, en su opinión, algún vecino habría dado detalles de los que no tenían un conocimiento directo. También añadieron que «lo que pasó dentro de la casa quedó allí», y que ninguno de los vecinos fue testigo. El abogado de Pablo B., Fernando de Barutell, explicó que «todos los testimonios coinciden en que era una familia tranquila hasta que llegaron los inquilinos».