La abogada del joven que mató a su tía pidió que siguiese internado para ser tratado

L. Á. VEGA
«Se actuó con la máxima celeridad y diligencia», aseguró ayer el fiscal de menores, Jorge Fernández Caldevilla, respecto a la puesta en libertad de M. G. U. sólo una semana después de ser condenado por matar a puñaladas a su tía y herir a su abuela en un piso de la calle Félix Aramburu de Oviedo en febrero. «Estos casos tienen una instrucción compleja y larga, y aunque se le juzgó dentro del plazo de nueve meses de internamiento cautelar, la presentación del recurso ha motivado que el plazo finalizase y se le haya tenido que poner en libertad; no queda otra solución», añadió el fiscal de menores.

La ley es tajante en el caso de los menores y no se han tenido en cuenta las peticiones de la propia defensa del joven ni de la acusación particular, que solicitaron que continuase internado en el centro de menores de Sograndio para proseguir con el tratamiento educativo, al entender que su suspensión «sería a todas luces perjudicial». Sin embargo, tal como explicó ayer Fernández Caldevilla, «el de la libertad no es un derecho renunciable, incluso si se contase con el consentimiento del joven».

En el caso de los mayores de edad, la prisión preventiva es de dos años, prorrogables por otros dos. Al final de esos plazos, si hay una condena en primera instancia, aunque esté recurrida, la prisión preventiva puede ampliarse a la mitad de la pena impuesta. Por lo que se refiere a los menores, el internamiento preventivo es de seis meses, prorrogables por otros tres, pero en este caso no se amplía la reclusión bajo ninguna circunstancia en caso de que no haya sentencia firme. Ese plazo ya se amplió en tres meses en 2006.

El Tribunal de Menores, siguiendo las recomendaciones de la fiscalía, dictó ayer un auto por el que se establece la libertad vigilada del joven y se le prohíbe acercarse a menos de mil metros de su abuela, a la que hirió, de forma leve, en brazos y cara. Para cumplir la primera de las medidas se ha nombrado un tutor que controlará sus movimientos, ya que ahora es mayor de edad, aunque en el momento del crimen tenía 17 años. Aunque ya no esté internado, continuará el tratamiento educativo que venía siguiendo en Sograndio y recibiendo la asistencia psicológica que se le prestaba. Se han establecido citas semanales para evaluar al joven.

M. G. U. fue condenado el pasado día 3 a ocho años de internamiento en régimen cerrado y otros tres de libertad vigilada. El recurso presentado por su abogada, Ana García Boto, no se resolverá en la Audiencia Provincial antes de tres o cuatro meses. En ese momento, si se ratifica la sentencia, pasará a un centro de internamiento. La defensa del joven ha exigido que no sea objeto «de la morbosa curiosidad por parte de la opinión pública» y ha advertido de que actuará con todas las consecuencias en caso de que se le acose. «Debe ser presumido como inocente», señaló la letrada. Los vecinos del barrio de Fozaneldi recibieron la noticia de su puesta en libertad con asombro. Ni el joven ni su padre han sido vistos en el barrio ni ayer ni el martes, cuando el presunto homicida fue puesto en libertad.