Ch. NEIRA
Cuando el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, insiste en que la obligación de la Sindicatura de Cuentas es investigar la Fundación Niemeyer y cuando el PSOE le contesta que la Sindicatura no investiga, todos dicen la verdad aunque callen una parte. ¿Puede la Sindicatura de Cuentas fiscalizar la Fundación Niemeyer? Depende.
La Sindicatura de Cuentas, que existe con otros nombres en otras comunidades, es la traslación regional del Tribunal de Cuentas, órgano al que entrega sus informes y que puede actuar de oficio (tiene su propia fiscalía) sin que el órgano regional se lo pida, si encuentra en esos informes alguna ilegalidad. En Asturias (no sucede así en todas las comunidades que tienen órganos similares) la Sindicatura está incluida en el Estatuto de Autonomía.
Además, y dado que su finalidad es la fiscalización de las entidades locales y regionales, y que ese control tiene que ejercerse de forma externa, la Sindicatura no depende del Ejecutivo, aunque esté adscrita al Parlamento, para, en cierta forma, acorazarla más ante el Gobierno de turno. Por otra parte, también es cierto que los tres síndicos (en la actualidad el síndico mayor, Avelino Viejo, y los síndicos Mercedes Fernández y Antonio Arias) los nombra el Parlamento.
Precisamente ellos tres forman el consejo de la Sindicatura, que es el que por votación (mayoría o unanimidad) aprueba el programa anual de trabajo, donde se fijan las líneas de actuación de la Sindicatura, los informes que emitirá, los organismos que auditará.
En realidad, hay un porcentaje de este trabajo que no requiere ningún debate, ya que la propia ley de la Sindicatura de Cuentas determina buena parte de su tarea. Así, la Sindicatura debe informar de la cuenta general, hacer un informe de los ayuntamientos y también de las entidades públicas que no forman parte de la cuenta general. Pero también se decide, y esto se hará en este mes de diciembre, otros trabajos extra. Como ejemplo, está en marcha uno sobre el gasto farmacéutico. Con todo, la Sindicatura no puede fiscalizar todo lo que quiera. La ley acota su campo de actuación y no puede auditar una empresa privada. El problema, pues, lo presentan sociedades mixtas. Pasó recientemente con un grupo de entidades (una de ellas era la Laboral) sobre las que se realizó informe a pesar de que según los servicios jurídicos de la Sindicatura y de la Junta General no reunían condiciones para ser auditables por la Sindicatura. Estos requisitos exigen que haya mayoría de capital público o dominio efectivo (80% de derecho de voto). Si ese fuera el caso de la Fundación Niemeyer (la mayoría de sus patronos son públicos y también su financiación), todavía le queda una posibilidad a la Sindicatura, de quererlo su consejo. El órgano fiscalizador sí puede, expresamente, auditar no ya el órgano mixto, pero sí la partida de dinero público que se le ha concedido.
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