Los Verdes de Asturias achacan el retraso de la obra del Palacio de Justicia del Vasco y sus problemas de financiación a que «las cajas de ahorros y bancos no se deciden a financiar la obra porque saben que, tal como hemos denunciado junto a Izquierda Unida de Oviedo ante la UE, puede ser una operación ilegal, aunque en ella estén implicadas administraciones públicas». Los Verdes consideran que «es muy difícil que la UE y el Tribunal de Justicia europeo» acepten la adjudicación directa de la construcción del Palacio de Justicia a una empresa concreta. «De hecho, hay precedentes recientes de condenas a otros Estados de la UE por parte del Tribunal de Justicia europeo por actuaciones muy similares a ésta en Oviedo». La asamblea de Oviedo de Los Verdes considera también que las entidades financieras no se arriesgan en esta operación «porque el supuesto aval del Principado a Jovellanos XXI -un acuerdo del Consejo de Gobierno- dejaría de ser tal en caso de que ese convenio o acuerdo se declarase nulo o ilegal por parte de la UE».