L. S. N.
La portavoz socialista, Paloma Sainz, calificó de «revolcón» la decisión de la fiscalía asturiana de devolver al Ayuntamiento los documentos del acuerdo sobre «Villa Magdalena» y aseguró que es «el primero de una larga serie» que recibirá el equipo de gobierno por el acuerdo de pagar la expropiación con la cesión del subsuelo del entorno del Campo San Francisco para hacer tres aparcamientos.
Para Sainz, «la devolución de la documentación que ha realizado hoy el fiscal superior de Asturias demuestra que el gesto del Alcalde era un "paripé"». La portavoz socialista señala que la fiscalía «no es un órgano que pueda lavarle la cara a Gabino de Lorenzo. El fiscal superior de Asturias no sólo hace lo único que puede hacer -que es devolver lo enviado-, sino que el Alcalde sabía perfectamente que el fiscal no estaba legitimado para actuar de ninguna otra manera y albergaba únicamente la esperanza de que se interpretara que la fiscalía archivaba un caso que ni conoce ni puede conocer, de momento».
Paloma Sainz adelanta que es posible que «en otro momento» el fiscal se pronuncie, mediando ya denuncia.
La denuncia
En el Pleno la portavoz socialista, Paloma Sainz, dudó de la legalidad del convenio con Comamsa para ceder el subsuelo de la Escandalera, el paseo de los Álamos, parte de Uría y Toreno a Comamsa, para saldar la expropiación de «Villa Magdalena», cuya retasación estaba impugnada por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sainz advirtió a los concejales del PP de que el acuerdo podía llevarlos «a la cárcel» y anunció que lo llevaría a la fiscalía anticorrupción y ante el TSJA, por vía penal. No ha formalizado ninguna de estas denuncias.
Al fiscal
El equipo de gobierno envió al día siguiente el acuerdo y la documentación complementaria a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, como ya hizo con el «caso Olloniego», aunque en aquel momento mediaba una denuncia ante la fiscalía madrileña.
Rechazo del fiscal
El fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero, ha devuelto la documentación al Ayuntamiento, alegando que no forma parte de sus competencias controlar la gestión de la Administración. La fiscalía añade que, si se produce una denuncia, es posible que vuelva a pedir la documentación al Ayuntamiento. El PP argumenta que envió el expediente ante el anuncio de que el acuerdo se llevaría a la fiscalía anticorrupción y anuncia su «colaboración» si se formaliza la denuncia.
