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A tiempos nuevos (y de mayor escasez), opciones nuevas (y más baratas)

Las razones que desaconsejan el proyecto del Palacio de Justicia en el Vasco

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A tiempos nuevos (y de mayor escasez), opciones nuevas (y más baratas)
A tiempos nuevos (y de mayor escasez), opciones nuevas (y más baratas)  
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JUAN LUIS RODRÍGUEZ-VIGIL
EX PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Sin discutir la bondad, legalidad, oportunidad y conveniencia de la operación del Vasco, lo cierto es que la misma estaba pensada, en todo caso, para tiempos en los que la crisis no golpeaba las finanzas públicas como ahora lo hace, y como previsiblemente lo seguirá haciendo durante algunos años, por lo que pienso que no está de más debatir en estos momentos si a tiempos nuevos deben corresponderse políticas nuevas, toda vez que aquella opción, al no resultar viable legalmente, lógicamente, ha decaído.

El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ha señalado que todas las comunidades autónomas tendrán que realizar un nuevo recorte de sus previsiones de gasto en 2010 para acomodarse a los acuerdos adoptados el pasado sábado en Bruselas, que, por cierto, han supuesto ya un alivio notable para la cotización de la deuda pública española. Consecuentemente, guste o no, y haya mayor o menor tensión entre las distintas consejerías del Gobierno asturiano, ese recorte presupuestario adicional deviene implacable, y seguramente el Gobierno de la nación (y Bruselas) garantizarán la efectividad del mismo recortando, si es preciso, el capitulo 4 de los Presupuestos del Estado (transferencias corrientes a comunidades autónomas y corporaciones locales), algo que seguramente apoyará el PP.

Ante esa situación, ¿resulta adecuado gastar 190 millones de euros en algo que, en el marco de la actual crisis, no es urgente, y que, en todo caso, es posible solventar con menos dinero, adaptándose a la presente situación de notoria escasez de los recursos públicos?

En Oviedo existen infraestructuras judiciales que, aun notoriamente insuficientes, están en muy buen estado físico, en absoluto amortizadas, y que pueden prestar durante años un buen servicio a los ciudadanos asturianos, y a quienes trabajan en y para los servicios judiciales, si son adecuadamente complementadas con criterio ahorrativo, adaptado a la presente coyuntura.

¿Por qué, cuando es obligado recortar todo tipo de gasto público, incluido el de carácter social, hay que gastar 190 millones de euros que no figuran en el presupuesto vigente, por algo que, partiendo de otro punto vista, podría costar como máximo 40 millones, con los que se resolvería plenamente el problema de los servicios judiciales de Oviedo, ahorrándose la no despreciable cifra de 150 millones o casi, esto es, alrededor de 25.000 millones de pesetas.

Ésa es la pregunta que hay que hacerse a la hora de analizar las distintas opciones que se abren ex novo para solucionar las dificultades de espacio que sufren algunas instancias judiciales ovetenses (no todas, ni mucho menos), después de que la Comisión Europea haya dictaminado la inviabilidad legal de la fórmula elegida para levantar un nuevo palacio de justicia en el Vasco.

Cualquier otra opción para realizar sobre la misma parcela el proyecto ya anunciado públicamente planteará, sin duda, serios problemas legales, tanto para expropiar, (¿como justificar en este caso el requisito legal de la utilidad pública?, ¿es ése el único solar posible en Oviedo?), como para contratar el proyecto arquitectónico y las obras obviando acudir a concurso público, al que en tiempo de escasez de trabajo es obvio que se pueden presentar técnicos y empresas muy distintos. Desde luego habrá que ir a una específica ampliación de crédito, muy problemática, pues deberá convivir con reducciones presupuestarias notables en servicios de primera necesidad (sociales, educativos y médicos, por ejemplo), además de cargar seriamente futuros presupuestos, que sabe Dios qué dificultades tendrán en los años venideros.

Conviene recordar la situación de los servicios judiciales en Oviedo. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia ocupa los palacios de Camposagrado y Valdecarzana. Ésa es una instalación espléndida. Seguramente los del TSJA están entre los mejores edificios judiciales de España. Por otra parte, los juzgados de lo Contencioso (6) y de lo Social (5) ocupan la parte mejor del aún estupendo y muy funcional edificio judicial de la plaza de Llamaquique. Esos juzgados están bien instalados, y cualquier traslado difícilmente mejoraría su situación actual. No obstante, hay que señalar que en los sótanos de ese edificio se ubican en la actualidad los dos juzgados de lo Mercantil de Oviedo. En este caso se trata a todas luces de una instalación inadecuada.

El Palacio de Justicia de la calle Comandante Caballero está ocupado por la Audiencia Provincial: Salas de lo Civil (4 secciones) y de lo Penal (dos secciones); por las distintas unidades de la Fiscalía, y por los Juzgados de Instrucción ( 4), de Primera Instancia (7), de lo Penal (4) y de Violencia de Género (1). Están fuera de ese Palacio de Justicia el Juzgado de Menores (en La Ería), el de Vigilancia Penitenciaria (en Jovellanos) y dos juzgados, de Primera Instancia e Instrucción, de reciente creación. Resulta necesario acomodar de forma razonable y digna el Juzgado de Menores, el de Vigilancia Penitencia, los dos mercantiles y los dos recién creados, de Primera Instancia e Instrucción, que están en edificios distintos del Palacio de Justicia, alejados de los demás o en condiciones inadecuadas.

A la hora de valorar la situación y las posibles soluciones resulta imprescindible tener en cuenta:

1.-Funcionalmente cada Juzgado es un mundo cerrado, que sólo se relaciona con los demás, sean éstos de su rango y jurisdicción, como de distinta jerarquía y cualidad, por vías regladas, (autos, sentencias, exhortos, notificaciones...).

2.-La reforma de la Oficina Judicial que se pretende implantar no integra ni afecta al funcionamiento separado de Juzgados y Tribunales de Segunda Instancia, que se comunican mediante expedientes y (ahora) disquetes, sentencias y autos.

3.-La concentración de sedes judiciales no ahorra gasto, ni siquiera en personal, de hecho, no se eliminará ni un ujier.

Por otro lado, no abundan los casos en los que un abogado tiene que acudir en un mismo día a varios juicios ante distintos juzgados y tribunales. Y, desde luego, los ciudadanos no van habitualmente de un juzgado a otro. En todo caso, cuando eso sucede hay que tener en cuenta que las distancias en la zona centro de Oviedo son mínimas. No es el caso de Madrid y Barcelona, donde las distancias y las dificultades del tráfico justifican las llamadas Ciudades de la Justicia. En realidad sólo los procuradores se beneficiarían efectivamente de una hipotética concentración de sedes.

Si se construye una nueva sede exclusivamente para Audiencia Provincial y Fiscalía, quedaría sitio libre en el Palacio de Justicia de Comandante Caballero como para acomodar sobradamente, y con comodidad, los seis juzgados que en la actualidad están inadecuadamente instalados fuera de ese edificio, además de los que ya se encuentran en el mismo.

El metro cuadrado para oficinas de alto nivel se sitúa en la zona céntrica de Oviedo en torno los 1.000 euros metro cuadrado, incluso en la zona del Vasco, y con 10.000 metros todas las unidades de la Audiencia Provincial y de la Fiscalía quedarían instaladas de manera estupenda, de forma que construir un edificio para la Audiencia puede costar unos 10 millones de euros y, si se quiere que lleve mármoles y demás, unos 15 millones como máximo, a los que habría que sumar el precio de un solar de dimensiones adecuadas al fin propuesto, unos 19-20 millones a los precios actuales del mercado. Ese precio tienen varios grandes solares céntricos, incluso vecinos del Vasco, que pueden ser referentes a tal fin. Algunos tienen reconocida ya edificabilidad suficiente, entre ellos los que Sedes adquirió al Principado, principalmente la antigua Consejería de Acción Social.

El hecho de que con esta opción se podrían conservar en servicio los edificios judiciales actuales no es asunto de poca importancia en tiempo de crisis y de obligado ahorro, pues no parece imaginable instalar en ellos dependencia relevante alguna de la Administración regional, que tiene cubiertas ya sus necesidades (salvo, quizá, en cuanto a la Presidencia). Vender los actuales edificios judiciales sería muy problemático en la situación actual, y lo mismo ubicar en ellos entidades que tienen requerimientos de espacio muy menores, como el Consejo de Comunidades y empresas o instituciones similares, que bailarían el vals en uno solo de esos edificios.

En fin, como es obligación ciudadana opinar, yo doy mi opinión, que puede ser discutible, y que a lo mejor por causas que no están a mi alcance conocer resulta errada, pero a la que nadie podrá negar buena voluntad, y afán de apoyar a las finanzas regionales en tiempo como los actuales, tan duros y en los que hay que dirigir la mirada a los servicios que atienden a los más desfavorecidos.

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