L. S. NAVEROS

Las advertencias de la oposición sobre que era necesario consignar el dinero de la expropiación de «Villa Magdalena» fueron constantes en cada Pleno de presupuestos. Para dejar constancia de ello, y que no se le escape a nadie, el portavoz de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda, Roberto Sánchez Ramos, ha excavado en las actas de las sesiones plenarias que dieron luz verde a los presupuestos municipales desde 1998, cuando una comisión de Gobierno acordó consignar el justiprecio. No se hizo, y por ello, la anterior propietaria, Comamsa, obtuvo el derecho a una retasación del palacete, lo que dio origen al acuerdo para construir el parking de Uría.

Para Sánchez Ramos, que exige que se depuren responsabilidades, el que avisa no es traidor. Por eso, ha presentado copia de las actas de los plenos a la concejala Belén Fernández Acevedo, que instruye el expediente informativo previo a la posible apertura de un expediente de responsabilidad patrimonial por la polémica gestión de la expropiación.

En concreto, extracta intervenciones de diez sesiones plenarias distintas, de ex concejales del PSOE como Avelino Martínez y Ana Rivas, y de IU, como Asunción Rodríguez Lasa y Celso Miranda, además de intervenciones del propio Sánchez Ramos, advirtiendo de que en los diferentes proyectos presupuestarios no se reservaba dinero para pagar «Villa Magdalena», lo que suponía un riesgo para las arcas locales.

Además, Sánchez Ramos adjunta una moción, presentada por él mismo el 4 de mayo de 1999, en la que preguntaba textualmente si se había llevado a efecto el acuerdo de noviembre de 1998 que obligaba a consignar el justiprecio del palacete de la Avenida de Galicia.

Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda continúa su campaña en contra del acuerdo con Comamsa, que consideran «un expolio» para el corazón de la ciudad. Mañana, miércoles 19, a las 8 de la tarde, celebrará una asamblea en el centro social de Teatinos, para hablar a los vecinos sobre la supresión del aparcamiento al aire libre del centro comercial Los Prados, que se cederá también a Comamsa en pago al palacete. ASCIZ está además recogiendo firmas para que el Campo San Francisco sea declarado Bien de Interés Cultural como jardín histórico.