L. S. NAVEROS
La Audiencia Provincial ha estimado el recurso interpuesto por la fiscalía y por la Unión de Consumidores de Asturias y pide al juzgado que investigue si hubo prevaricación en la actuación de los anteriores responsables de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, por archivar o resolver de forma arbitraria numerosas quejas ciudadanas.
La sección segunda de la Audiencia, presidida por Antonio Lanzos, considera que no puede excluirse que haya «indicios de criminalidad encuadrables en la figura de prevaricación» en la actuación del funcionario Alejandro Álvarez y de la responsable de la concejalía de Consumo en aquel momento, Conchita García.
El auto anula por ello el archivo de todas las actuaciones que había decretado el Juzgado de Instrucción número 1, y ordena que continúen las diligencias judiciales, con lo que podría decretarse la apertura de un juicio oral para esclarecer si hay responsabilidades penales. El presunto delito que se imputa a los dos responsables de la OMIC está penado con inhabilitación para empleo o cargo público de entre 7 y 10 años.
La Audiencia considera que las cifras reflejadas en el recurso de la fiscalía sobre las reclamaciones ciudadanas archivadas o no resueltas son al menos indicio de que pudiera haber habido una actuación delictiva, «sin que en principio parezca posible considerar que todo es consecuencia de una carencia de medios personales o materiales, pues tal circunstancia en momento alguno fue puesta de manifiesto» por los dos responsables municipales. Por ello, la Audiencia ordena al Juzgado de Instrucción número 1 que continúe con sus actuaciones para resolver la denuncia presentada por la Unión de Consumidores de Asturias.
Consumo
Recurso del fiscal
La fiscalía recurrió ante la Audiencia el archivo de la denuncia contra Conchita García y el funcionario Francisco Álvarez por presunta prevaricación al archivar cientos de quejas ciudadanas en la Oficina Municipal de Consumo.
Audiencia
Estima el recurso y pide que se abra juicio oral.
