L. S. NAVEROS
El debate municipal se trasladó ayer al Campo San Francisco y se aireó entre música de gaitas, bollos de chorizo y vasinos de vino. El Martes de Campo no aligeró el ambiente político, radicalizado en torno al acuerdo con Comamsa para saldar la deuda de «Villa Magdalena» con la cesión del subsuelo del Paseo de Los Álamos para un gran aparcamiento de 1.500 plazas. La polémica con la Sindicatura de Cuentas, que exige al Ayuntamiento toda la información sobre la expropiación del palacete, contribuyó a echar sal en la controversia.
El alcalde, Gabino de Lorenzo, usó un símil taurino. «Como José Tomás, voy a clavar las zapatillas en la arena. El acuerdo con Comamsa no se mueve», aseguró. «El convenio se sustenta en la legalidad, ha sido llevado a cabo por funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Oviedo y por el mejor despacho de abogados de España, Garrigues. Ante estas personas tengo que mostrar absoluta tranquilidad, porque entiendo que lo que se ha hecho se ajusta a Derecho. Si alguien opina que no, que vaya a los tribunales, nos defenderemos y llegaremos hasta donde haya que llegar. Es un acuerdo bueno para Oviedo, un proyecto decisivo: la ciudad obtiene el palacete y los jardines a cambio del subsuelo para hacer un aparcamiento que necesita. Y sin que le cueste un euro al contribuyente. A la gente empeñada en echar abajo los proyectos de esta ciudad, les voy a decir que les va a costar trabajo, van a tener que sacar mucha gente a la calle y no me van a convencer con eso», aseveró.
Respecto a la petición de la Sindicatura de Cuentas de información detallada sobre la operación de «Villa Magdalena» De Lorenzo aseguró que el Ayuntamiento «siempre ha colaborado y va a colaborar con la ley, no cabe ninguna duda, pero lo que diga un Síndico Mayor no es la ley. La ley es la ley, lo que tienen que pedir es lo que tienen que pedir, y eso es lo que va a dar el Ayuntamiento. Para eso están los funcionarios», afirmó el Alcalde, que puso en duda la neutralidad del Síndico Mayor, Avelino Viejo. «Este señor lleva 25 años en política, sirviendo a un partido y disfrutando de cargos puestos a dedo. Un Síndico Mayor tenía que tener una neutralidad e independencia absoluta, y me da la impresión de que no la va a tener».
Desde la Sindicatura de Cuentas, ayer se limitaron a remitir al artículo 5 de la ley que regula su funcionamiento, que la faculta para pedir cuantos documentos considere necesarios para desempeñar su labor.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Paloma Sainz, también acudió a comer el bollo al Campo San Francisco, provista de pegatinas de la capitalidad, que repartió a los que quisieron lucirlas en la solapa. Sainz volvió a expresar su rotundo rechazo al convenio con Comamsa. «Sacaremos a la gente a la calle, movilizaremos a los ciudadanos y a los tribunales, para evitar que se consume este robo a mano armada, que consiste en entregar lo mejor de la ciudad, por un palacete que costaba 3 millones de euros», dijo Sainz, que exigió al Ayuntamiento que colabore con la Sindicatura. «Me sorprende el cambio de actitud del PP, que hace poco llevaba toda la documentación del acuerdo a la Fiscalía, y ahora empieza a retraerse. No se pueden instrumentalizar las instituciones, deben entregar toda la documentación», dijo.
Roberto Sánchez Ramos, portavoz de ASCIZ, que ayer recogió más de 500 firmas por la declaración BIC para el Campo San Francisco, calificó de «atropello urbano» el plan para el parking de Uría, y aseguró que va a «destrozar» el emblemático parque ovetense. Sobre la Sindicatura, Sánchez Ramos mostró su extrañeza porque «cuando el PP pide que investigue a alguien, es agua bendita, pero cuando le investigan a él, es terrorismo administrativo». El concejal anunció que va a pedir una investigación del Tribunal de Cuentas, y exigió al Ayuntamiento que facilite la labor de la Sindicatura.
