L. S. NAVEROS

Gabino de Lorenzo aseguró, el Martes de Campo, que el Ayuntamiento entregará a la Sindicatura de Cuentas sobre la expropiación de «Villa Magdalena» lo que marque la ley, «no lo que diga Avelino Viejo», el Síndico Mayor. Ayer, fuentes oficiales del organismo fiscalizador asturiano destacaron que, por ley, el Ayuntamiento debe entregar toda la documentación que se le pida, ya que «es la propia Sindicatura la que decide cuáles son los documentos que precisa para desempeñar su labor, no es la entidad auditada la que decide qué información aporta a las auditorías». En el caso de que no se atienda su último requerimiento, presentado en el Ayuntamiento el pasado lunes con un plazo de 5 días, la Sindicatura aplicará las medidas previstas en la ley, entre las que está llevar el caso a la Junta General y «a los Tribunales de Justicia».

La Sindicatura se remite al artículo 5º de la ley regional que regula su funcionamiento, que dice textualmente que la entidad «queda expresamente facultada para exigir de cuantos estén sujetos a su acción fiscalizadora que proporcionen los antecedentes, datos, informes y documentos, cualquiera que sea su soporte, que considere necesarios para el debido conocimiento y comprobación del acto fiscalizable», así como para «inspeccionar y verificar toda la documentación, sea cual fuera su soporte, de las oficinas públicas, libros, metálico y valores, dependencias, depósitos, almacenes y, en general, cuantos documentos, establecimientos y bienes considere necesarios».

La Sindicatura insiste en que la documentación que solicita sobre «Villa Magdalena» es exclusivamente para completar el informe sobre el endeudamiento del Ayuntamiento de Oviedo del año 2007, dentro del plan de auditorías aprobado en 2008 para el año 2009, que incluye también a los ayuntamientos de Gijón, Avilés, Llanes y Cangas de Narcea. «No se trata de un nuevo informe, es una petición de información sobre hechos posteriores para completar la fiscalización ya aprobada», señalaron fuentes del organismo regional.

Entre otros documentos, la Sindicatura pide el acuerdo con Comamsa para la construcción del parking de Uría y documentación detallada de la expropiación del palacete.