L. S. N.
El próximo lunes finaliza el plazo dado por la Sindicatura de Cuentas al Ayuntamiento para que presente información detallada sobre la operación de «Villa Magdalena», desde la gestión de la expropiación -cuyo justiprecio no se pagó en su día, lo que ha disparado el coste final- hasta el acuerdo firmado con la anterior propietaria, la empresa Comamsa, para saldar la expropiación con la cesión del subsuelo del paseo de Los Álamos, La Escandalera, Toreno y parte de Uría, para hacer un aparcamiento de 1.500 plazas.
Ayer, Agustín Iglesias Caunedo no quiso aclarar qué información se facilitará y cuándo, después de que el Alcalde, Gabino de Lorenzo, declarase que se daría «lo que exija la ley, no lo que pida Avelino Viejo».
Entre otros documentos, la Sindicatura pide que se identifique a la unidad u organismo administrativo que tenía que haber ejecutado el acuerdo de noviembre de 1998 que obligaba a consignar el justiprecio de «Villa magdalena». El acuerdo nunca se llevó a cabo, lo que generó el derecho Comamsa a una nueva tasación del palacete.
