La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Paloma Sainz, anunció hoy que acudirá a los Tribunales para interponer un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo suscrito por el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo (PP), y la empresa Comamsa que prevé la explotación del subsuelo de Uría para construir un aparcamiento. Una fórmula que se utilizó para saldar la deuda que mantenía el consistorio por la explotación de la expropiación del palacete 'Villa Magdalena'
En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, Paloma Sainz anunció además su decisión de interponer una denuncia ante la Comisión Europea relativa al citado acuerdo. "Ejerceremos las acciones a todos los niveles y recurriremos cada uno de los aspectos, porque este es un convenio lesivo", afirmó.
La portavoz socialista cargó contra De Lorenzo y dijo que le ha hecho a Comamsa "un regalo". A su juicio, lo que ha hecho el primer edil es una "grandísima traición a la ciudad y a todos los ciudadanos".
Paloma Sainz se apoyó en un dictamen del catedrático de Derecho Administrativo Raúl Bocanegra. En las conclusiones del convenio, el jurista sostiene que el convenio es "ilegal" porque "incumple el derecho comunitario en la medida en que supone la adjudicación directa, sin licitación, de un encargo que constituye un contrato público de obra por tener el Ayuntamiento un interés económico directo en los aparcamientos a ejecutar por Comamsa y por ser su construcción inseparable de la obra confesadamente pública de urbanización de la superficie y de soterramiento del tráfico".
También es contrario a la ley, considera, porque "incumple los requisitos de la transacción (cuya existencia oculta y niega), en la medida en que el Ayuntamiento, al comprometerse a abonar íntegro (y con primas) el valor del bien, renuncia sin contraprestación al pleito que mantenía y que hubiera podido permitirle no pagar nada a Comamsa".
Considera ilegal que, al tratarse de un convenio urbanístico, se haya firmado sin previa información pública, no se haya publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) y que se asuman compromisos que condicionan de manera "desproporcionada" el ejercicio de potestades urbanísticas.
Además, Bocanegra señala que la cláusula por la que el Ayuntamiento se compromete a no autorizar nuevos aparcamientos es ilegal por "ser contraria a los intereses públicos y porque abre la vía a reclamaciones de los titulares de otros aparcamientos otorgados en concesión". También, añade, es ilegal la cláusula de abono de intereses, que supone un incremento del 25% del justiprecio, "por carecer de justificación y por ser abiertamente lesiva para los intereses públicos".
