El PP acusa a la oposición de «infamia» por buscar responsables de «Villa Magdalena»

L. S. NAVEROS
El PP dio ayer carpetazo a la investigación interna de «Villa Magdalena», rechazando la apertura de un expediente de responsabilidad patrimonial a algún miembro de la Corporación porque, según sus conclusiones, «no hubo dolo o negligencia» en la gestión de la expropiación. La defensa de la postura del PP la mantuvo, en un tono sosegado que pocas veces se ve en el Salón de Plenos, la concejala de Servicios Sociales, Belén Fernández Acevedo, que instruyó la investigación interna abierta a petición de la oposición.

Fernández Acevedo tenía que analizar en su expediente porqué no se cumplió el acuerdo de 1998 que obligaba a consignar el justiprecio del palacete, que no se pagó efectivamente hasta diez años después, cuando el Ayuntamiento ya tenía sobre la mesa la exigencia de una nueva tasación por parte de la anterior propietaria, Comamsa, que pedía 63 millones de euros.

La concejala destacó que durante todos esos años, el justiprecio estuvo recurrido en los tribunales, que la consignación del dinero no hubiera evitado la acumulación de intereses, que el pago hubiera perjudicado la capacidad del Ayuntamiento de prestar servicios, y que nadie advirtió del riesgo de una retasación. Por ello, dijo, «se puede concluir que no hubo negligencia ni dolo en la actuación del Ayuntamiento».

La portavoz del PSOE, Paloma Sainz, recriminó a la instructora que no haya contestado a la pregunta de quién tenía la responsabilidad de consignar el dinero, y calificó la instrucción del expediente de «bochornosa tomadura de pelo» y de «estafa política» que pretende «correr un tupido velo» sobre una actuación «que ha llevado a dar a un empresario el corazón de la ciudad, un patrimonio de todos los ovetenses que pasará a manos privadas, con un acuerdo que va a originar indemnizaciones millonarias que tendrán que pagar las generaciones futuras, porque hay muchas aristas y daños a terceros que están sin resolver». La portavoz socialista se refirió así al acuerdo alcanzado con Comamsa para pagar la retasación cediendo el subsuelo del entorno del Campo San Francisco y la plaza de La Escandalera para construir un aparcamiento subterráneo.

El portavoz de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda, Roberto Sánchez Ramos enumeró los «misterios» de la operación, el primero de los cuales es «porqué un empresario compra en los años 90 por 517 millones de pesetas un palacete y unos jardines que no eran edificables y cuya expropiación estaba prevista en el Plan General».

El concejal insistió en que el equipo de gobierno sabía que si no se consignaba el dinero la empresa podía pedir una retasación y llegó a hablar de «posible connivencia» con Comamsa, que compró por lo que ahora serían 3 millones de euros «y va a obtener unos bienes de valor incalculable, que estimamos en todo caso por encima de los 120 millones de euros».

También a un posible acuerdo con la empresa se refirió la portavoz socialista, Paloma Sainz, que habló de la apariencia de «pacto colusorio», es decir, el que se hace para despojar a un tercero de sus derechos. Y apuntó directamente contra dos responsables: el concejal de Economía, Jaime Reinares y el Alcalde, Gabino de Lorenzo, que como ya es habitual no acudió al Pleno, fijado para las 8 de la mañana.

«Creo que hablamos lenguajes distintos. Hemos analizado con rigor y objetividad la posibilidad de existencia de negligencia o dolo, y no hemos hallado ni una cosa ni otra», replicó la instructora. Y remachó Agustín Iglesias Caunedo, desde la presidencia. «No quieren una explicación seria y rigurosa, sino una orden de ejecución. Pero la sentencia que ustedes buscan sólo se consigue en las urnas».