Suspender el convenio de Uría pondría en marcha la retasación de «Villa Magdalena»

P. G.

Suspender el acuerdo por el que Comamsa construirá un parking bajo la calle Uría para resolver la expropiación de «Villa Magdalena» podría poner en marcha el justiprecio y la retasación del palacete. Una «carga financiera que comprometería seriamente la vida presupuestaria del Ayuntamiento, dado el importe económico de la operación». Así figura en el texto del cuarto auto judicial que desestima la suspensión cautelar del acuerdo entre el Consistorio y la empresa de Miguel Ángel Menéndez del Fueyo, por el que el Ayuntamiento pretende entregar a Comamsa el subsuelo del centro de Oviedo. A cambio, se olvidaría de pagar los 62,8 millones de euros -exigidos en su día por la empresa- de la retasación del palacete de la avenida de Galicia, expropiado en 1996 por 3,1 millones de euros.

Esta resolución del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Oviedo se une a las anteriores negativas -de los juzgados número 2 y número 4- sobre una suspensión cautelar del acuerdo solicitada por el grupo Masaveu (que explota el parking de la Escandalera a través de la sociedad Aparcamientos Asturias), el PSOE y Asciz. En este caso, el auto se refiere al recurso interpuesto por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (FAVO). Su portavoz, José Ramón Sariego, afirmó ayer, tras conocer la desestimación del recurso, que la asociación a la que representa se sentía «ninguneada» y que ya habían formalizado la demanda contra el convenio de Uría. Además del parking subterráneo, de 1.500 plazas, el acuerdo con la empresa de Del Fueyo incluye levantar 250 viviendas sobre el aparcamiento exterior del centro comercial Los Prados.

En el nuevo auto, el magistrado José Vicente Vallina hace referencia a la resolución previa del Juzgado número 2. Según el juez, en ella se deduce que el convenio tiene por objeto «poner fin a la controversia» surgida entre el Ayuntamiento de Oviedo y Comamsa en torno a «Villa Magdalena». Según figura en el auto, el justiprecio sería de 62,8 millones de euros, cifra a la que deberían añadirse los correspondientes intereses, «mientras que en el convenio se fija el total del valor de la finca en 29,5 millones de euros». Además, el auto del magistrado señala que «no puede hablarse de perjuicios irreparables», ya que el proyecto de construcción del aparcamiento está en una fase «embrionaria». «El documento no pasa de ser un mero convenio entre la Administración y un particular que no conlleva de forma inmediata la ejecución de las obras», añade.

Tras la desestimación de su recurso, uno de los tres anteriores, el portavoz municipal de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (Asciz), Roberto Sánchez Ramos, formalizó el jueves la demanda contra el convenio. Ayer, el concejal afirmó que la familia Masaveu había hecho lo mismo el viernes. «El auto de la juez Belén Alicia López es positivo, porque nos asegura que la resolución judicial final llegará antes de que se inicien las obras», afirmó el portavoz de Asciz.

Sariego, junto a otros representantes vecinales y políticos, organizó ayer ante el Ayuntamiento y en el paseo de los Álamos una recogida de firmas contra el convenio de Uría. A cambio, los ovetenses que secundaron su postura con una rúbrica recibieron uno de los 300 plantones de especies autóctonas -entre robles, castaños, alcornoques y cerezos- con los que las asociaciones vecinales quisieron denunciar la pérdida de árboles que se produciría en el Campo San Francisco si se llevase a cabo la construcción del aparcamiento.