El proceso
Aqualia acusa de fraude a los consumidores que utilizan el agua sin tener contratado el servicio. La Unión de Consumidores asegura que la empresa no puede sancionar y menos cuando los usuarios no son conscientes de que su situación con la empresa no es la correcta.
Los casos
La UCE ha recibido quejas de personas que se enfrentan a pagos que oscilan entre los 4.000 y los 7.000 euros.
