De Lorenzo, la campaña de los pleitos

Vaya telar. Faltan las comillas porque nunca lo ha dicho así, pero es fácil imaginar al alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, engolando la voz con ese soniquete de asturianada tan de su repertorio para resumir el panorama preelectoral que se le ha planteado con la multiplicación de pleitos en instancias judiciales de la región, del Estado y de Europa. A falta de dos meses y medio para los comicios locales, el 22 de mayo, el alcalde de Oviedo acumula ya cinco recursos contra el convenio que pretende resolver el larguísimo proceso de expropiación de «Villa Magdalena», iniciado a finales de los años noventa, otras dos quejas sobre el mismo acuerdo siguen tramitándose en instancias comunitarias, ante la Comisión del Mercado Interior, y, en el plano nacional, el Tribunal de Cuentas investiga también este caso y la fiscalía anticorrupción estudia abrir otro proceso. Hay más. La gestión de parcelas en el polígono de Olloniego ha abierto otro frente de batalla judicial importante. A las irregularidades denunciadas por el PSOE en la B-16, ya por la vía administrativa y con otro frente penal contra los empresarios, podrían incorporarse ahora supuestos fraudes similares detectados en la A-19. Por si fuera poco, la permuta de la laguna del Torollu por otras parcelas, éstas en el polígono de Olloniego I, parece que también tendrá que anularse y está a la espera de resolución judicial. Y la guinda de este inmenso campo de minas que rodea la gestión de Gabino de Lorenzo al frente del Ayuntamiento de Oviedo la pone, finalmente, el juicio penal al que se deberá enfrentar la concejala Conchita García, ahora en Seguridad, acusada de prevaricación por su etapa en Consumo. Aunque en al menos dos casos falta por saber si se iniciarán finalmente los procesos, la cifra tampoco tranquiliza. Trece frentes judiciales abiertos.

Por partes, el caso de «Villa Magdalena» es el que más pleitos está generando. Aunque son varias las batallas, toda esta lucha judicial de «Villa Magdalena» tiene un único objetivo, ganar la guerra al «parking» de Uría, el gran aparcamiento en el centro de la ciudad con el que Gabino de Lorenzo insiste en que convertirá «un problema en una solución» y en el que la oposición ve «la entrega del corazón de la ciudad» a un empresario. Ese empresario es Miguel Ángel Menéndez del Fueyo, ahora al frente de Comamsa, al que De Lorenzo expropió la finca y el palacete de «Villa Magdalena», hoy biblioteca municipal, pero con el que no se llegó a un acuerdo en la tasación de los bienes. Hasta el año pasado. En la primavera de 2010, después de más de una década de pleitos, motivados por la falta de consignación por parte del equipo de gobierno de los 11,8 millones de euros del justiprecio de lo expropiado, De Lorenzo y Del Fueyo llegaron a un acuerdo. Se fijó la tasación final de «Villa Magdalena» en 29,5 millones de euros y para pagarlos sin necesidad de poner dinero encima de la mesa se ofreció al empresario el subsuelo de parte de las calles de Uría, Toreno y Marqués de Santa Cruz, también de la Escandalera, para hacer allí un gran aparcamiento al que acompañará, según el proyecto, una nueva peatonalización y soterramiento del tráfico. El pago de «Villa Magdalena» se completa, además, con aprovechamientos urbanísticos en la zona que hoy es aparcamiento en superficie del centro comercial Los Prados.

Lo primero que hizo la oposición municipal ante este acuerdo fue solicitar la suspensión cautelar. Se rechazaron todas, pero sí se admitieron a trámite los cinco recursos:

l Grupos políticos. El PSOE presentó su recurso contra el acuerdo del «parking» para resolver la expropiación de «Villa Magdalena» en el número 2 de Oviedo. Allí también presentó el suyo, y allí sigue, Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (ASCIZ). La agrupación local de Izquierda Unida, sin representación en el Ayuntamiento, se sumó también a la causa y planteó un recurso similar con Comisiones Obreras en el Juzgado número 3 de Oviedo.

l Colectivos ciudadanos. Con el lema «Salvemos el corazón de Oviedo», la campaña contra el convenio del «parking» de Uría también la encabezó la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo, que convocó una manifestación contra el acuerdo y presentó su correspondiente recurso en el Juzgado número 3.

l Los Masaveu. La quinta pata de los pleitos contra el acuerdo de «Villa Magdalena» excede la esfera de la batalla política y complica más la operación. El convenio contempla que Comamsa incluirá en su gran aparcamiento el que hoy ocupa el «parking» de la Escandalera. El texto suscrito por el Ayuntamiento y Comamsa reconoce que ese aparcamiento está siendo explotado en la actualidad por Aparcamientos Asturias, empresa de la familia Masaveu, y que la concesión dura hasta 2023, por lo que precisa que Aparcamientos Asturias dejaría de ser concesionaria municipal y pasaría a ser una concesionaria de Comamsa. La familia Masaveu no ha admitido el desprecio que, según ellos, supone el acuerdo, más cuando la concesión de la Escandalera les da un derecho preferente a una ampliación que, ironías de la vida, ya en su día trató de poner en marcha y Del Fueyo recurrió contra ella. En aquella ocasión Del Fueyo perdió, pero el Ayuntamiento acabó paralizando la operación por la presión ciudadana contra el proyecto. El recurso planteado por los Masaveu tampoco lo han podido parar los intentos de negociación planteados por Comamsa, que, según fuentes próximas a la empresa, llegaron a ofrecer a los Masaveu hasta 8,4 millones de euros por los años restantes de concesión. Aparcamientos Asturias recurrió, pues, el acuerdo de «Villa Magdalena»-«parking» de Uría, pero para complicar todavía más las cosas el Ayuntamiento anunció el pasado mes de febrero que rescatará la concesión municipal de la Escandalera. Es una posibilidad, pero tendrán que justificar el interés público, que, según De Lorenzo, pasa por la necesidad de soterrar por allí el tráfico. Sea como fuere, Masaveu anunció que recurrirá también el intento de rescate cuando se produzca. Otro más.

Anticorrupción tiene que decidir ahora si investiga «Villa Magdalena»

Lejos de los Juzgados ovetenses, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo también ha tenido que hacer frente a otras batallas jurídicas encaminadas a tumbar el acuerdo de «Villa Magdalena».

l La batalla europea. Tanto IU como ASCIZ han presentado sendas quejas ante la Comisión Europea al entender que el acuerdo vulnera también la normativa comunitaria por tratarse de una concesión pública encubierta. El Ayuntamiento niega este extremo y recalca que en el convenio se especifica que la construcción de los viales soterrados por donde discurrirá el tráfico, y que ocuparán una parte del espacio del aparcamiento, se sacará a concurso. Por ahora, la Comisión ha pedido informes y todavía no ha anunciado si pondrá en marcha un procedimiento.

l El Tribunal de Cuentas. Es, por el momento, la última pata que arma el artefacto jurídico de varias cabezas destinado a desmontar el gran aparcamiento de Uría. El origen de las diligencias previas que ha abierto el órgano fiscalizador y sancionador nacional está en un informe de fiscalización del ejercicio de 2007 de los grandes ayuntamientos de Asturias realizado por la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Dicho informe, que incluía una pieza especial dedicada a «Villa Magdalena» y a los indicios de responsabilidad contable que se veían en la operación, no fue aprobado por la Sindicatura asturiana, pero el síndico mayor, Avelino Viejo, nombrado a propuesta del PSOE, envió al Tribunal de Cuentas el informe al advertir las citadas responsabilidades contables. El Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación y ha trasladado de oficio el expediente a la Abogacía del Estado y a su fiscal. Ha sido éste último quien ha decidido extender la investigación. Esta misma semana se supo que al detectar supuestos ilícitos penales ha remitido también el expediente a la fiscalía anticorrupción. El ministerio público debe ahora decidir, tras examinar la documentación, si abre investigación o si archiva.

l Las parcelas de Olloniego. El frente judicial relacionado con el polígono de Olloniego lo lidera el Grupo municipal Socialista y ha tenido algunas novedades durante esta última semana. Hasta la fecha era la parcela B-16 del polígono Olloniego I la que había abierto la vía administrativa en el Juzgado de lo contencioso número 6 de Oviedo. Las parcelas de Olloniego, con cargo a los fondos mineros, no podían dividirse ni venderse a terceros durante un tiempo, debían servir para generar empleo. El Ayuntamiento adjudicó la B-16 a Bitácora 2002, que luego la inscribió a nombre de Urvisa, que a su vez la subdividió en seis para revender. Ante esta situación, el Ayuntamiento acordó rescatar la concesión, pero anuló este acuerdo. El Grupo Socialista acusa al alcalde de Oviedo y a varios concejales (Pérez-Espinosa, Iván de Santiago, Mortera) de «desviación de poder» y denuncia que la trama oculta también a «una serie de personajes amigos de Gabino de Lorenzo». Una situación similar es la que se ha denunciado ahora en la parcela A-19, que el PSOE tratará de acumular a la ya en curso de la B-16 que ha llevado al Alcalde y concejales a prestar declaración por escrito, como testigos. También en este caso la parcela se fue vendiendo sucesivamente y también, acusa el PSOE, detrás de estas operaciones aparecen socios del equipo de gobierno en sociedades municipales como Cinturón Verde. El último escándalo de Olloniego lo dio a conocer esta semana Roberto Sánchez Ramos, concejal de ASCIZ, al filtrar un dictamen del Consejo Consultivo del Principado en el que, en coincidencia con lo que solicitaba el Ayuntamiento, se pedía la anulación de una permuta de parcelas en Olloniego a cambio de la laguna del Torollu. Severino García Vigón, presidente de la FADE, y propietario entonces de los terrenos de la laguna de San Claudio, recibió parcelas en Olloniego y llegó a vender alguna por el doble del precio de la tasación realizada en la permuta. Ahora el Ayuntamiento está a la espera de que un juez anule la permuta, en una causa iniciada por un vecino que reclama parte de la propiedad y al que el municipio no hizo caso en su día.

l Prevaricación en Consumo. Por último, la concejala Conchita García se enfrenta a la petición de 10 años de inhabilitación en el juicio penal que se sigue contra ella y un técnico municipal. Denunciada por la Unión de Consumidores, se la acusa de permitir que se archivaran sistemáticamente quejas ciudadanas durante su etapa al frente de Consumo.