El PSOE da por logrado el objetivo de fiscalizar la subvención a la Fundación Bueno

Ch. N.

El Tribunal de Cuentas ha archivado las diligencias abiertas a denuncias del PSOE sobre la subvención concedida por el Ayuntamiento a la Fundación Gustavo Bueno para los actos de «Oviedo doce siglos», pero los socialistas ovetenses juzgan que han «conseguido el objetivo de que el PP fiscalice esa subvención que tiene indicios claros de haberse utilizado de forma fraudulenta».

Así lo expresó ayer la concejala del PSOE Margarita Vega, quien admitió que el Tribunal de Cuentas ha archivado, pero matizó que los motivos no entran en las irregularidades denunciadas, sino que se basan en que el Ayuntamiento de Oviedo todavía tiene plazo para fiscalizar la citada subvención. Ese plazo, apuntado por Reinares en su respuesta al Tribunal de Cuentas, es lo que da pie a Vega para confiar en que ahora el PP «tendrá que fiscalizar e iniciar el correspondiente expediente de reintegro». Y Vega pide que el Ayuntamiento lo haga «inmediatamente, para ver si los ciudadanos podemos recuperar los 500.000 euros».

La concejala se refiere a la cuantía que la Fundación Gustavo Bueno, según su denuncia, habría subcontratado con terceros de la subvención total de 800.000 euros, contra lo que establece la ley de subvenciones al superar el cincuenta por ciento, y de haberlo hecho, además, con una empresa que tiene como consejera a una familiar directa de los patronos de la Fundación, vulnerando otra normativa.

Margarita Vega aclara que «el ánimo del PSOE en Oviedo no está en judicializar este tipo de cosas», pero justifica la actuación de su grupo como la «única vía» que les queda ante el reiterado silencio, las negativas y la falta de respuesta por parte del equipo de gobierno. «Habíamos puesto estos hechos en conocimiento del Ayuntamiento por la vía política y también por la administrativa, a través del interventor municipal, pero nadie movió un dedo. Por eso fuimos al Tribunal de Cuentas, para forzar la fiscalización. Y ahora, como lo que se dice es que no hay responsabilidad contable porque todavía hay plazo para realizar la fiscalización y como Reinares ha tenido que comprometerse a hacerlo, es lo que entendemos que ha ocurrido, que hemos logrado nuestro objetivo».

Vega calcula que los cuatro años de plazo terminarán en 2012 y que ahora, «si no quieren incurrir en un expediente de responsabilidad contable», el equipo de gobierno «tendrá que mirar la irregularidad».