Chus NEIRA

La visera móvil, hoy todavía inmóvil, del edificio del Palacio de Congresos diseñado por Santiago Calatrava volvió ayer a ser protagonista en el arranque del juicio planteado por las empresas Tradehi y Augescón, agrupadas en la UTE Buenavista, contra Jovellanos XXI por el impago de un pagaré de 700.000 euros. Tras esta deuda se esconden todos los problemas que surgieron con la estructura móvil cuando se trató de poner en movimiento. Incluso antes, cuando empezó a soldarse el arco móvil y éste empezó a fisurarse, hasta en tres ocasiones, como se destacó ayer. Sin embargo, según declaraciones realizadas ayer en el juicio tanto por Carlos García, entonces arquitecto de la constructora Fiaga, como por José Luis Marrón, director general de la promotora Jovellanos XXI, las dos detrás del proyecto del Calatrava, la visera móvil volverá a moverse.

Según Marrón, existe ese compromiso con el Ayuntamiento de Oviedo, propietario del equipamiento, y el aparato móvil sigue siendo «una parte importante» que «no ha desaparecido» del proyecto. Carlos García, que a día de hoy sigue vinculado a la empresa que gestiona el Palacio, fue más allá y explicó a la juez al frente del Juzgado de primera instancia número 11 que arreglar la visera costará más de seis millones de euros y obligará a paralizar no sólo la actividad de los congresos en el Palacio, sino también el hotel de la cadena Ayre que ya funciona en el complejo.

García también detalló que los problemas se limitaron a las soldaduras y declaró que el sistema hidráulico está instalado y funciona perfectamente. Así las cosas, el arco móvil, aunque fijado y asegurado para poder inaugurar el edificio, es en la actualidad, si no se arregla y se logra poner en movimiento, «una estructura que no vale para nada». «Es más», zanjó el arquitecto Carlos García, «está molestando».

La declaración de Carlos García fue la tercera en una mañana muy transitada en la sala del número 11, que había comenzado con las declaraciones de Gervasio Fernández, gerente de la UTE Buenavista, y con la de Alberto Lago, uno de los empresarios al frente del proyecto Jovellanos XXI.

La UTE Buenavista fue expulsada de la obra del Calatrava el 9 de marzo, a través de un burofax en el que se les acusaba de ser los responsables de haber retrasado los plazos de la obra y de ser incapaces de soldar de la forma correcta el arco móvil del Palacio de Congresos. Tras su expulsión de la obra, la UTE Buenavista, que también se había encargado de todos los trabajos previos de la estructura de acero de todo el edificio, no sólo de la del Palacio de Congresos, quiso cobrar la liquidación y recibió un pagaré de 700.000 euros que no pudo cobrar.

Los responsables de la UTE Buenavista elevan la cifra a más de un millón de euros porque suman unos 210.000 en concepto de intereses, demora, gastos y costas. Ahora, con el anuncio de arreglar la visera, Jovellanos XXI parece que quiere probar que el daño que ellos imputan a la UTE Buenavista todavía no ha sido reparado.

Si Jovellanos XXI fue una empresa llamada también a poner en marcha un Palacio de Justicia en el Vasco para resolver el problema de las sedes judiciales en Oviedo, ayer su personal sufrió en carne propia aquellas carencias que su proyecto -finalmente fallido- trataba de solucionar. Más de una veintena de personas, también de la otra parte, tuvieron que aguantar horas en el descansillo del primer piso del edificio de la calle Burriana donde está instalado, de alquiler, el Juzgado de primera instancia número 11. Aunque suene a chiste, este descansillo es la sala de espera de la sala. Y allí aguantaron a ser llamados a declarar como pudieron (en corrillos, sentados por las escaleras) técnicos, peritos y gerentes, como se aprecia en la fotografía.