La expropiación de «Villa Magdalena» se ha convertido para el Ayuntamiento de Oviedo en un dolor de cabeza que no consigue mitigar y que lleva arrastrando desde 1997. El último susto para el municipio ha llegado en forma de un auto judicial que lo obliga a presentar una nueva hoja de aprecio (una tasación realizada por técnicos sobre el valor del palacete y la finca). Comienza ahora una carrera contra el tiempo dentro de un complicado laberinto judicial que puede retrasar la solución al problema durante años si antes no se produce un acuerdo entre el Ayuntamiento y Comamsa, antigua propietaria de la finca.

l ¿Y ahora qué? Lo único seguro es que el Ayuntamiento recurrirá el auto surgido de la petición de Comamsa, representada por el letrado Juan Ferreiro, para la ejecución de una sentencia de julio de 2009 en la que se instaba al Consistorio a presentar su tasación de «Villa Magdalena». Y que lo hará bajo la dirección letrada del catedrático de Derecho Administrativo Raúl Bocanegra. Algunas fuentes jurídicas aseguran que el recurso no tiene «efectos suspensivos». Es decir, el Ayuntamiento tendrá que presentar su hoja de aprecio a pesar de haber recurrido la decisión del magistrado Miguel Ángel Carbajo, titular del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Oviedo. Para ello tiene un plazo de veinte días. Y el tiempo ya ha comenzado a correr. Desde algunos frentes se está convencido de que el recurso del Ayuntamiento contra el auto de Carbajo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) prosperará. Este tribunal es la última instancia a la que podrá acudir.

l El reloj corre... Una vez que el Ayuntamiento haya agotado sus veinte días de plazo, Comamsa tendrá otros diez para presentar alegaciones a la tasación. En este punto sólo hay dos vías: o Comamsa asume el precio que ponga sobre la mesa el Ayuntamiento o lo rechaza. Si Comamsa, como es del todo probable, no estuviera de acuerdo con la valoración municipal, entraría en juego el Jurado de Expropiación Forzosa. La valoración realizada por el Jurado en 1998 fue de 11,2 millones. Aquel año el Ayuntamiento valoró «Villa Magdalena» en 3,1 millones. En 2007 Comamsa pidió una nueva retasación. La suya fue de 62,8 millones de euros.

l Y los tiempos también cuestan. Hasta este punto el Ayuntamiento no tendría que rascarse el bolsillo. Pero... Según fuentes jurídicas, y basándose en el artículo 50 de la ley de Expropiación Forzosa, el expropiado tiene derecho a que quien expropia pague la parte en la que existe conformidad. Es decir, Comamsa tendría derecho a cobrar la cantidad que el Ayuntamiento reconozca en su hoja de aprecio, siempre teniendo en cuenta que el municipio ya pagó 11,2 millones de la tasación confirmada en el año 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Todo dependerá de lo que decidan los técnicos municipales sobre lo que valen el palacete y la finca. Si consideran que su valor es superior a lo ya pagado, el Ayuntamiento tendrá que consignar la diferencia.

Cuando los chicos que sobreviven al «botellón» del Tartiere eran unos tiernos infantes que empezaban la EGB, el maldito palacete ya estaba allí, dando quebraderos de cabeza y titulares de periódico. Se les podría llamar la «generación de Gabino de Lorenzo», no recuerdan otro alcalde, aunque el anterior también tuviera su miga. El de ahora, el que tenemos hace veinte años, metió un día glorioso una pata, y no hay manera de sacarla: sigue encallada en el chalé de «Villa Magdalena», y no hay estrategia que dé resultado. La última fue novedosa, y apoyada por la oposición, o al menos parte de ella. Llamar a un mago jurídico, el catedrático Raúl Bocanegra, que con un golpe de varita -o de informe- tiró el problema a la papelera. Fueron meses encantadores, en los que pudimos hablar de la crisis global, centrarnos en problemas generales, pero el Juzgado número 3 nos ha vuelto a poner bruscamente en la realidad: el palacete, como el dinosaurio del cuento, todavía está allí. No parece que valga mirar para otro lado, aunque vamos a seguir intentándolo, porque lo de pagar está muy cuesta arriba. Y da rabia, además: sin entrar en los derechos jurídicos que pueda tener Comamsa y que defienda su abogado, Juan Ferreiro, el margen de beneficios que obtendrá la empresa si prospera su petición -reclama 62,9 millones de euros, de los que se han pagado algo más de once del principal y más de cuatro de intereses- es tan escandaloso que choca con la razón.

El PP intentó en su momento una solución creativa y polémica, como muchas de las ideas de Gabino de Lorenzo. Para el alcalde popular, que ama el hormigón y las grandes obras, su solución no tenía ni un pero: hacer un gran aparcamiento en el centro de la ciudad, soterrar el tráfico -otra de sus obsesiones, enterrar coches-, a un coste mínimo para las arcas municipales, y sacarse de encima un marrón que lleva persiguiéndolo durante gran parte de su larga carrera política. Jurídicamente, era encaje de bolillos, y además lo enfrentaba frontalmente con uno de los grupos económicos asturianos, el de los Masaveu, que explotan desde los años setenta, por un precio irrisorio, el actual estacionamiento de la Escandalera. De Lorenzo tocaba uno de los puntos sensibles de la ciudad, el Campo San Francisco, y condenaba a años de obras al «corazonín» de la capital del Principado. Vamos, que Miguel Ángel Menéndez del Fueyo quería la joya de la corona, un trocito de Oviedo que muchos estaban dispuestos a defender con uñas y dientes. El acuerdo no dejaba tampoco a los barrios al margen: Del Fueyo pidió, y obtuvo, el solar del aparcamiento de Los Prados, de propiedad municipal, para hacer pisos. En Teatinos la cosa tampoco sentó bien.

Todos a una, oposición, vecinos y el Grupo Masaveu, pusieron pleitos para parar en los tribunales lo que había sido imposible detener por la vía política, porque de aquélla -qué tiempos- el PP era una apisonadora en el salón de Plenos.

Fue Roberto Sánchez Ramos, cuando todavía llevaba en la camiseta las siglas de ASCIZ, el que tumbó el convenio, con su abogado Gerardo de la Iglesia. La juez decana de Oviedo, Pilar Martínez Ceyanes, estimó en parte el recurso de IU y anuló el complejo acuerdo. De nada le servía al PP recurrir, porque cuando la resolución judicial llegó el convenio, el pobre, ya llevaba un tiempo muerto, desde que parte de los ovetenses dieron su confianza a Arturo González de Mesa (Foro Asturias), situándolo, de pronto y como venido de la nada -de las pesadillas de De Lorenzo y sus correligionarios-, con un grupo de siete concejales en la Casa Consistorial.

González de Mesa lo tenía muy claro. Ahí empezó a mostrar las formas que lo van a hacer famoso: antes de la toma de posesión, cuando las quinielas sobre el gobierno en minoría del PP aún estaban abiertas, le espetó a un negociador Agustín Iglesias Caunedo (PP), dispuesto a modificar el convenio, que lo único que estaba dispuesto a darle a Del Fueyo era, poniéndose generoso, un quiosco en el paseo de los Álamos.

Pues ni parking ni quiosco: parece que lo que va a haber, si las cosas siguen así, es pufo. El PP abriga la intención de hacer a los grupos de la oposición corresponsables del problema. Si estamos de nuevo aquí es por vosotros, morenos, parece querer decir, sin formularlo, el equipo de gobierno. Y eso es así, pero no. Porque, esgrimen los demás, que cada palo aguante su vela. Para Foro y para IU, el problema es de quien lo generó y lo del parking no tenía un pase. Para el PSOE, es una amenaza grave de las arcas municipales, que hay que intentar resolver por el bien común. No en vano el abogado que ahora defiende la causa municipal -Bocanegra- fue contratado a instancias de los socialistas, a los que asesoró y representó en la cruzada contra el aparcamiento. Para el PP, es una expropiación que se torció, por un cúmulo de desgracias administrativas, que llevan nombres temibles: consignación -no se hizo-, retasación -se va a tener que hacer-. Para los juristas, es un rompecabezas legal. Y parece que no habrá soluciones mágicas, como las de los cuentos, ni voluntarismos políticos que hagan desaparecer el lío o colgárselo a Gabino y Reinares y su patrimonio personal, como pide Sánchez Ramos. Todo eso lo tendrá que decidir un juez, pasado ya el tiempo de las negociaciones.