Elena FERNÁNDEZ-PELLO

El concejal de Economía, Jaime Reinares, exige la dimisión del presidente de la Unión de Consumidores (UCE) de Asturias, Dacio Alonso, y el cierre de esa organización, que considera un «chiringuito». Lo hace tras la absolución de la ex concejala del PP Conchita García, a la que la UCE había denunciado por prevaricación por su gestión al frente de la OMIC (Oficina Municipal de Información y Consumo) del Ayuntamiento.

La UCE ejerció la acusación particular en el juicio contra la ex concejala del PP y el alto funcionario del Ayuntamiento Alejandro Álvarez, que había dirigido la OMIC. Denunció que de forma sistemática y arbitraria esa oficina había archivado las reclamaciones de los consumidores y usuarios y pedía para ambos diez años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo o empleo públicos.

Tras la difusión de la sentencia absolutoria de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial a la ex edil y al funcionario municipal, de la que ayer dio cuenta LA NUEVA ESPAÑA, Reinares sale a la palestra y arremete contra Alonso. «Dirige un chiringuito subvencionado por fondos públicos, cuyo principal objetivo es agredir al Ayuntamiento de Oviedo», dice de él.

«Tras su último fracaso judicial, con la absolución de la ex concejala del PP Conchita García, debería tener la dignidad de dimitir y disolver ese llamada Unión de Consumidores, que no hace más que parasitar los fondos públicos y le permite a él vivir como un marajá», continuó. «Su acusación contra Conchita García fue un intento de destruir a una persona íntegra, de trayectoria intachable», agrega, y opina que «es una inmoralidad que retrata al personaje y sus actividades públicas». «A Dacio Alonso hay que retirarle de la vida pública de esta región por levantar falso testimonio», concluyó.

El presidente de la UCE, a su juicio, «no representa a nadie y menos a los consumidores». La Unión de Consumidores de Asturias, en su opinión, «es exclusivamente una oficina abierta a nombre y bajo la dirección de Dacio Alonso». Sostiene que «no puede presentar sus cuentas públicamente porque su recaudación por cuotas es nula y vive exclusivamente de las subvenciones. Algún día habría que investigar si, como parece probable, Alonso se beneficia de esos recursos públicos».

Por su parte, el presidente de la UCE, en unas declaraciones a «Europa Press», asegura que no se plantea dimitir, como tras recibir la notificación del fallo le pidió el abogado defensor de la ex concejala, Ignacio Álvarez-Buylla. Alonso sostiene que se ha limitado «a cumplir con la obligación de defender a los ciudadanos» y señaló que, a pesar de todo, con su denuncia la UCE ha conseguido mejorar el servicio de la OMIC. Alonso no aclaró si ejercerá el derecho a presentar un recurso de casación.

El abogado de la Unión de Consumidores, José Antonio Ballesteros, comentó que la sentencia «recoge los hechos denunciados, confirma la inoperancia de los servicios de consumo, pero entiende que no es suficiente para condenar por vía penal».