Pablo GONZÁLEZ

La justicia mostró ayer en Oviedo su lado más humano por la decisión tomada por uno de los jueces de lo penal que actúan en la capital. Y es que Francisco Javier Rodríguez Santocildes, titular del Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo, ha optado por trasladar un juicio a la vivienda de un hombre tetrapléjico víctima de un robo. En un principio la vista estaba prevista para ayer a las nueve de la mañana, pero en los días previos la víctima anunció al juzgado que no podría desplazarse.

A la vista de la situación, el juez tomó la decisión de aplazar el juicio y facilitar el testimonio de la víctima. La medida excepcional tomada por Santocildes está respaldada por la legislación vigente. El artículo 718 de la ley de Enjuiciamiento Criminal se lo ha permitido. El artículo es claro y dice que cuando un testigo no haya comparecido por «imposibilidad y el tribunal considere de importancia su declaración» el juez puede desplazarse a la vivienda del testigo para que «puedan las partes hacerle las preguntas que consideren oportunas».

En la práctica esto supone que el juicio comenzará a celebrarse en la sala de vistas que el penal número 2 tiene asignada en el Palacio de Justicia de la calle Comandante Caballero. En el momento en el que se requiera el testimonio del hombre, el juez, el secretario, el fiscal y los abogados se desplazaran hasta su domicilio. Allí las partes escucharán la versión de la víctima y harán las preguntas oportunas. Una vez concluida la testifical, el juicio seguirá en la sala.

Los hechos que se dilucidarán en este juicio a domicilio tuvieron lugar a finales del mes de abril de 2009, cuando supuestamente una pareja de rumanos, que cuidaban al hombre tetrapléjico desde septiembre de 2008, le robaron cierta cantidad de dinero que guardaba en casa. La víctima calcula que los acusados, D. V. y L. G., se llevaron entre 1.800 y 2.000 euros. El dinero estaba guardado dentro de un libro que el hombre tenía en la estantería de su despacho.

Tras la denuncia presentada por la víctima, los dos acusados fueron arrestados por la Policía. En el momento de la detención tenían 330 euros del dinero sustraído. El resto no fue recuperado. La fiscalía califica los hechos como un delito de hurto con el agravante de abuso de confianza. Cada uno de los miembros de la pareja se enfrenta a 16 meses de prisión y a la devolución del dinero.