Seis de los acusados por la muerte de dos obreros admiten los cargos

Seis de los nueve acusados por la muerte de dos empleados de la empresa Necso Entrecanales y Cubiertas -que fallecieron en el año 2003 al venirse abajo el andamio en el que trabajaban en las obras de construcción de la Consejería de Hacienda, en la calle Hermanos Pidal de Oviedo- llegaron ayer a un acuerdo con la fiscal delegada de siniestralidad laboral, Esperanza González Avella, tras admitir los hechos que se les imputan. González Avella, que inicialmente solicitaba una pena de tres años de cárcel para cada uno, ha rebajado su petición para todos ellos durante la primera jornada de un juicio que continuará mañana con el análisis de las pruebas periciales.

Los que no admitieron los hechos fueron los dos responsables y el encargado de la empresa Pozo Amago, propietaria del andamio que se vino abajo el día del accidente en el que perdieron la vida Miguel Antonio Álvarez Álvarez y Braulio Muñoz Díaz, que en el momento de los hechos tenían 26 y 37 años, respectivamente. Según la fiscal, la causa del siniestro fue la colocación de un cuerpo de andamio de más, un añadido, en el ala derecha de la plataforma, contraviniendo las especificaciones indicadas por el fabricante y que hizo «que se volviera asimétrico y se cayera al suelo», explicó González Avella durante la vista. El responsable de Pozo Amago (subcontratada por Necso), J. A. A. H. aseguró ayer que ese módulo se colocó a pesar de su negativa y de sus advertencias: «Necso nos pidió aumentar la longitud del andamio y les dijimos que eso no era posible. Yo no se quién colocó la parte añadida, pero en la obra había trozos de andamio a disposición de todo el mundo y son muy fáciles de colocar», señaló.

Su hijo, que responde a las iniciales, J. A. A. D. P, ratificó la versión y aseguró que los técnicos de Pozo Amago «visitaban regularmente la obra para realizar labores de mantenimiento en el andamio» y que «nunca nos pasaron ningún informe desfavorable». Además, el encargado, V. G., explicó que no tenía «ni idea» de que en la estructura se había colocado el módulo que provocó el desastre. Los tres siguen enfrentándose a una pena de tres años de cárcel.

Uno de los seis imputados que admitieron los hechos, A. M. T., se prestó a declarar para «decir toda la verdad» y dejar claro que «los responsables de Pozo Amago me obligaron a declarar que yo había montado el andamio cuando no tuve nada que ver». A. M. T. señaló que sus jefes también obligaron a otros compañeros a «hacer desaparecer» el citado tramo de andamio del lugar de los hechos después del accidente. «Nos amenazaron con echarnos si no hacíamos lo que nos decían», subrayó.