Chus NEIRA

Si finalmente, como sostienen los expertos en derecho administrativo, con la ley de Patrimonio de las Administraciones en la mano el Ayuntamiento de Oviedo ha perdido casi cualquier posibilidad de reclamar derechos históricos sobre la parcela de La Vega, que cedió a mediados del XIX a cambio de que allí se fabricaran armas, al municipio le queda, todavía, otro as en la manga para tratar de frenar el traslado a Trubia de la factoría: el Plan General de Ordenación Urbana.

La golosa parcela de La Vega, 120.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad y junto a la salida norte, sería, entonces propiedad del Ministerio de Defensa. Y quizá, si se consumase el traslado, tratara de hacer caja con los terrenos, como ha sucedido en casos similares durante los últimos años a lo largo de toda la geografía española. Sin embargo, toca al Ayuntamiento desarrollar un plan para la zona y calificarlo dentro del Plan General de Ordenación Urbana. ¿Qué sucedería si el Ayuntamiento evitara aprovechamientos urbanísticos en la zona? ¿Si lo calificara como zona verde? Para el administrativista asturiano Javier Junceda, decano de la UIC en Barcelona, la discrecionalidad del planeador urbanístico tiene unos límites, y en el caso de que cambiara la calificación podría dar lugar a tener que dar cobertura al propietario por haber perdido capacidad de aprovechamiento. Por eso él sugiere, como blindaje perfecto para ahuyentar los posibles pelotazos que Defensa pudiera ver en la operación de traslado de La Vega, el mantenimiento de la calificación de suelo industrial, la misma actividad que hay ahora.

El catedrático de Administrativo de la Universidad de Oviedo Leopoldo Tolivar mantiene que el problema ante un cambio de planeamiento que buscara chafar la operación es que los perjudicados podrían invocar y demostrar desviación de poder en la decisión. Cosa distinta, explica, son las indemnizaciones, porque, precisa, las recalificaciones ya no dan lugar a este tipo de compensaciones. Tolivar también concede que el mantenimiento de la calificación de suelo industrial sería la mejor estrategia, pues la desviación de poder sería más difícil de argumentar si se mantiene la calificación actual. Y añade que se podría combinar con suelo para viales para hacer más estéril la operación de Defensa.