Elena FERNÁNDEZ-PELLO

Oviedo sabe que tarde o temprano la Fábrica de Armas tendrá que abandonar el casco urbano y esa certeza aumenta a medida que la ciudad crece, se expande y sus arrabales se incorporan al centro. Difícilmente se puede mantener una fábrica de armamento en el centro de una ciudad. Y si ésa no fuera razón suficiente, ahí está el valor urbanístico de La Vega. En los últimos veinticinco años llegaron a conocimiento de la opinión pública tres planes para esos terrenos -120.000 metros cuadrados, nada menos-, que promovieron por turnos el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo.

El más remoto es el que en 1991 encomendó en secreto Sogepsa, la empresa que gestiona el suelo público, al arquitecto Ángel Rami Noguero. Fue durante el Gobierno del socialista Juan Luis Rodríguez-Vigil. Y cuando se supo de él, años más tarde, los asturianos se enteraron de que en el solar de La Vega la Administración regional quería construir un auditorio-palacio de congresos, un centro comercial, dos torres gemelas, ubicar en él el pabellón de Asturias de la Expo-92, la estación de autobuses y setecientos pisos. Ya entonces se planteaba qué hacer con una autopista que se clavaba en el corazón de la ciudad y cómo insertarla en la trama urbana.

Aquello quedó en el aire y durante diez años no hubo más ideas ni planes para los terrenos de La Vega, hasta que el Ministerio de Fomento, con Francisco Álvarez-Cascos -hoy presidente en funciones del Principado- al frente, anunció un proyecto para una losa en Santullano. La autopista sería soterrada y una gran explanada se extendería en torno a San Julián de los Prados. Y entonces, en 2003, el Ayuntamiento convocó un concurso para redactar un plan para la zona, que inicialmente incluía los terrenos de La Vega. Fue redactado por el estudio de Menéndez y Gamonal e insertaba varios bloques de viviendas entre los edificios protegidos. Tampoco prosperó.

En 2006, con el Ayuntamiento y el Principado excepcionalmente comprometidos en la construcción de una losa en Santullano, volvió a hablarse del futuro de los terrenos de La Vega y Gabino de Lorenzo, entonces alcalde, llevó sus desarrollos hasta el Rubín.

El interés urbanístico de los terrenos de La Vega es evidente; tanto como el daño que puede causar una intervención equivocada o guiada exclusivamente criterios de rentabilidad. Cuando en 1997 Sergio Marqués, entonces en el Principado, defendía el mantenimiento de la Fábrica frente a Álvarez-Cascos, que era el portavoz de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), advirtió que si no podía evitar el cierre al menos no permitiría la especulación. Para ello bastaría con mantener la calificación de suelo industrial de los terrenos, propiedad del Ministerio de Defensa a pesar de los argumentos historicistas que abogan por la titularidad del Ayuntamiento.