Yayoi KAWAMURA
Profesora de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo

La Vega: monasterio y fábrica

La comunidad de monjas benedictinas terminó sus últimos días en el convento de San Pelayo en contra de su voluntad y por una decisión política. La construcción de la factoría armamentística obligó a demoler la iglesia, el coro, la torre y la portería para levantar los talleres de máquinas. Un tratamiento histórico a la parcela no puede cometer el error de aplicar sólo la visión propia del patrimonio industrial

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Panorámica de principios del siglo XX del conjunto fabril, tomada, precisamente, desde la torre de la catedral de Oviedo. | archivo
Panorámica de principios del siglo XX del conjunto fabril, tomada, precisamente, desde la torre de la catedral de Oviedo. | archivo 
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La comunidad benedictina de Santa María de la Vega de Oviedo, fundada en el siglo XII, terminó su vida, en contra de su voluntad, dentro del claustro del monasterio de San Pelayo, de la misma orden, por una decisión política en la que se conjugaron varios intereses locales, provinciales y estatales, convirtiéndose su edificio en la Fábrica de Armas de Oviedo en 1856. La instalación de los talleres industriales allí supuso un paulatino desmantelamiento del edificio monástico, sin embargo, diversos documentos históricos nos revelan su proceso constructivo y en especial la ampliación barroca: la construcción de la portería (1643), de la iglesia (1694-1697), del claustro principal (1670 y 1751-1757), este último aún se conserva en la actualidad. Sería oportuno -y de justicia para la extinguida comunidad-, como han hecho A. Martínez Vega hace unos días en este periódico, S. Cañal en su publicación (RIDEA, 2003) y yo misma (Liño, 2007), recordar nuevamente el proceso de su extinción y reflexionar sobre el patrimonio histórico de La Vega.

La ley de Desamortización de Mendizábal de 1837 precipitó la desaparición de numerosos monasterios y conventos. A su vez, la ley intentaba agrupar las comunidades, no permitiendo subsistir en una misma población más de un solo convento de la misma orden salvo casos excepcionales, ni tampoco admitiendo un cenobio abierto con menos de 12 religiosos.

El monasterio de La Vega sobrevivió a esta situación, igual que el de San Pelayo, pero solamente durante 17 años. El traslado forzoso de las monjas de La Vega al monasterio de San Pelayo, acaecido el 31 de julio de 1854, tenía un trasfondo socio-económico y político motivado por los intereses del Ayuntamiento y del Ministerio de la Guerra, en el cual la situación de epidemia colérica jugó un papel importante para que se lograse el desalojo de las religiosas.

Desde los primeros meses de 1854 había una gran preocupación por la epidemia en Asturias, cuya gravedad se mantuvo hasta 1856. Para remediar esta situación, el Ayuntamiento y la Junta Provincial quisieron instalar el hospital colérico en el monasterio de La Vega (las monjas se ofrecieron, incluso, a atender a los enfermos, dejando la mayor parte del monasterio disponible para este uso) y también en el ya desamortizado convento de Santa Clara. Sin embargo, en las mismas fechas, otro asunto preocupante para la ciudad era el posible traslado de la fábrica de armas instalada entonces en el palacio del Duque del Parque, en el Fontán, a Trubia. Como consecuencia del desarrollo técnico, los fusiles del modelo anterior dejaron de fabricarse en 1849 y se planteó la fabricación de un nuevo modelo, cuya inversión se aprobó el 19 de abril de 1854, para lo cual se requería un espacio fabril más amplio, y Trubia era la candidata.

Desde 1851, el Ayuntamiento defendía vehementemente la localización de la Fábrica de Armas en Oviedo, ya que el traslado a Trubia supondría privar a la ciudad de una actividad de la que dependían 400 familias. Como resultado de las gestiones realizadas, el Ministerio de la Guerra se inclinó por escuchar al Ayuntamiento, al cual mandó confeccionar un proyecto de una nueva fábrica en Oviedo. El 20 de julio de 1854, como el Ayuntamiento debía facilitar edificio y terreno suficiente para la fábrica, tomó la decisión de destinar el convento de La Vega para dicho fin, trasladando a las monjas al de San Pelayo «por no reunir el número prescrito por la ley». Efectivamente la comunidad de La Vega, que formaban 23 religiosas al publicarse la ley de Desamortización, en 1854 contaba solamente con 10 monjas.

La comunidad de La Vega, bajo la madre Antonia Palacio, fue forzada a vivir en una situación de gran desgarro e incomodidad, siempre aspirando a volver a su casa. Por esta razón, las dos comunidades nunca fueron fusionadas, las monjas de La Vega mantenían su presidenta, su capítulo y sus rezos totalmente separados de la comunidad de San Pelayo, pero la última monja de La Vega pidió incorporarse canónicamente a la comunidad de San Pelayo.

Para conseguir el espacio fabril, el Ayuntamiento solicitó la colaboración de la Junta Provincial, la cual al día siguiente mandó desalojar el convento «con destino a Hospital Provincial en el caso de invasión del cólera», consumándose el hecho diez días después, a pesar de la oposición mostrada por el prelado Ignacio Díaz Caneja amparándose en el nuevo concordato firmado. Realmente las monjas de La Vega salieron del convento presionadas por la urgente necesidad de un nuevo hospital sin ser informadas de la otra intención. La ley de Desamortización y el menguado número de sus monjas servían como aparentes fundamentos legales a favor de los intereses municipales, y sus inmuebles pasaron al Ministerio de Hacienda.

Sin realizar los trámites oficiales, que no se llevaron a cabo hasta marzo de 1856, el desalojado convento pasó a manos de la Fábrica de Armas. Mientras la población sufría el cólera, los políticos no cesaron de gestionar la instalación definitiva de la Fábrica de Armas en La Vega, objetivo que se logró y se concretó en la real orden del 20 de julio de 1855 (aceptación del Ministerio de la Guerra del recinto de la Vega), un año después del hecho consumado del desalojo de la comunidad religiosa, el cual para las monjas que habían habitado en él seguía siendo algo totalmente incomprensible y fuera de la legalidad.

A continuación, el real decreto del 10 de diciembre del mismo año ordenó la cesión del convento por parte de Hacienda al Ayuntamiento con el único fin de cedérselo al Cuerpo de Artillería para destinarlo a la Fábrica de Armas. Tres meses después el Ayuntamiento traspasó el edificio. La escritura de la cesión se protocolizó el primero de marzo de 1856, ante Domingo González Solís, entre el representante del Ayuntamiento y Francisco Antonio de Elorza, director de la Fábrica de Armas de Oviedo y de la de Trubia.

Aunque la fábrica mantuvo el edificio monacal en principio, el desmantelamiento se llevó a cabo en su mayor parte entre 1917 y 1918 con la demolición de la iglesia, coro, torre y portería. Posteriormente se construyó la capilla de Santa Bárbara, a la cual se trasladó una portada románica de la iglesia desmantelada. Sin embargo, el claustro principal, corazón de la vida monacal, de seis arcos en cada panda aún se conserva en el día de hoy, incorporado dentro del edificio fabril, totalmente cubierto. Se mantiene en pie la firme construcción pétrea de aspecto clasicista, con arcos de medio punto y severas pilastras, obra del arquitecto Pedro Antonio Menéndez, como señala V. de la Madrid, cuya obra más conocida es el hospicio, promovido por el regente Gil de Jaz, actual hotel Reconquista.

Nuevamente es noticia el posible cierre de la Fábrica de Armas de Oviedo y se habla de una cierta relación histórica del monasterio de San Pelayo con el ex monasterio. La abadesa y comunidad de San Pelayo, según me trasladan, sólo tienen el deseo de que, en primer lugar, no haya desmantelamiento de la actividad industrial, de la cual viven los trabajadores y sus familias. Y en segundo lugar, tienen vehemente deseo de que se recuerde que esa fábrica fue monasterio benedictino, y que, en ausencia de trámites legales anteriores a la expulsión, no consta la legalidad de los títulos de propiedad que se otorgaron posteriormente. Si no existiera en aquel solar el gran inmueble monacal, no hubiera existido la actual Fábrica de Armas. En caso de que se llevase a cabo el cierre, sería una inmoralidad especular con ese suelo teniendo en cuenta que las últimas dueñas del monasterio fueron engañosamente desalojadas en contra de su voluntad, siendo ellas incapaces de reaccionar.

El caso del ex monasterio y Fábrica de Armas de Oviedo es comparable con el del ex convento y ex Fábrica de Tabacos de Gijón. Hace muy pocos años, tras el cese de la actividad industrial, pudimos reconocer la conservación de una iglesia y un convento del período barroco dentro de la antigua Fábrica de Tabacos en Cimadevilla. Se llevó a cabo un buen estudio con los historiadores del arte y arqueólogos, y el Ayuntamiento planteó la conversión del edificio en un futuro museo de la ciudad, para lo cual se celebró el concurso arquitectónico. El proyecto ganador plantea una solución con respeto al edificio conservado en el que se puedan leer distintas fases de la historia.

En el caso de que se llegase al cierre de la fabrica ovetense, hecho siempre lamentable, el conjunto arquitectónico debe recibir un tratamiento como patrimonio con una visión histórica; tratarlo únicamente desde una simple visión del patrimonio industrial sería un gran error. Como señalan la abadesa y comunidad de San Pelayo, que se recuerde que fue monasterio, y aún más, que se sepa que se conserva un claustro bajo entero de Pedro Antonio Menéndez, y la portada románica en la nueva capilla.

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